Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el costo del diésel, un combustible esencial para el transporte y la economía del país. A partir del 13 de septiembre de 2025, el precio del galón de diésel ha aumentado de USD 1,80 a USD 2,80, tras la eliminación del subsidio que había estado vigente desde los años 70. Esta medida fue implementada mediante el Decreto 126 del presidente Daniel Noboa, marcando un hito en la política económica del país.
La eliminación del subsidio al diésel no es un tema nuevo en la agenda política ecuatoriana. Anteriores gobiernos, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, intentaron llevar a cabo esta reforma, pero enfrentaron una fuerte resistencia que culminó en paros nacionales y protestas. Sin embargo, el gobierno actual ha decidido avanzar con esta medida, argumentando que es necesaria para la sostenibilidad fiscal del país y para evitar un mayor déficit en el gasto público.
### Razones Detrás de la Eliminación del Subsidio
La decisión de eliminar el subsidio al diésel se basa en varias razones económicas y sociales. En primer lugar, el costo de mantener el subsidio se ha vuelto insostenible para el gobierno. Con un déficit fiscal creciente y la necesidad de financiar otros programas sociales, la administración de Noboa ha optado por retirar este apoyo económico. La eliminación del subsidio se espera que genere un ahorro significativo en el presupuesto nacional, permitiendo al gobierno redirigir esos fondos hacia áreas prioritarias como educación y salud.
Además, el subsidio al diésel había distorsionado el mercado, incentivando un uso excesivo del combustible y contribuyendo a problemas ambientales. La eliminación del subsidio busca fomentar un uso más responsable y eficiente del diésel, alineándose con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la reducción de emisiones de carbono.
El nuevo precio del diésel se mantendrá fijo hasta diciembre de 2025, y posteriormente se implementará un sistema de bandas que permitirá ajustes mensuales de hasta un 5% al alza y un 10% a la baja. Esta medida busca estabilizar el mercado y evitar fluctuaciones bruscas que puedan afectar a los consumidores y a los sectores productivos del país.
### Reacciones de los Sectores Afectados
La reacción a la eliminación del subsidio ha sido variada. Por un lado, los transportistas han expresado su preocupación por el aumento en los costos operativos. Muchos de ellos dependen del diésel para sus actividades diarias, y el incremento en el precio podría traducirse en un aumento en las tarifas de transporte. Sin embargo, el gobierno ha asegurado que no habrá un aumento inmediato en el costo del pasaje, al menos en el corto plazo, lo que ha generado cierta calma entre los usuarios del transporte público.
Por otro lado, algunos sectores de la población han apoyado la medida, argumentando que es un paso necesario hacia una economía más sostenible y menos dependiente de subsidios. Estos grupos creen que la eliminación del subsidio podría incentivar la inversión en energías alternativas y en tecnologías más limpias, contribuyendo a un futuro más sostenible para Ecuador.
Sin embargo, la oposición política ha criticado la medida, argumentando que podría afectar desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos que dependen del transporte público. La preocupación radica en que, aunque el gobierno ha prometido que no habrá un aumento inmediato en las tarifas, el impacto del aumento en el precio del diésel podría llevar a ajustes inevitables en el costo de vida.
La situación es compleja y requiere un monitoreo constante. La administración de Noboa ha indicado que está dispuesta a escuchar las preocupaciones de los sectores afectados y a implementar medidas compensatorias si es necesario. Esto podría incluir subsidios temporales para los transportistas o programas de apoyo para las familias más vulnerables.
En resumen, la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador marca un cambio significativo en la política económica del país. Si bien se presentan desafíos y preocupaciones, también hay oportunidades para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y menos dependiente de subsidios. La forma en que el gobierno maneje esta transición será crucial para el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.
