La situación de seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles críticos, especialmente en lo que respecta al reclutamiento de menores por parte de grupos delincuenciales. En respuesta a esta problemática, el presidente Daniel Noboa ha declarado la prevención y erradicación de este fenómeno como una prioridad nacional. Esta decisión se formalizó a través del Decreto Ejecutivo 21, que establece la creación de un comité encargado de coordinar acciones y políticas públicas para proteger a la infancia y adolescencia del país.
### Creación de un Comité para la Protección de Menores
El Decreto Ejecutivo 21, firmado el 5 de junio de 2025, tiene como objetivo principal la formulación e implementación de estrategias que busquen prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y organizaciones criminales. Este comité no solo se encargará de desarrollar políticas, sino que también supervisará su ejecución y evaluará su efectividad.
El presidente Noboa enfatizó la necesidad de proteger integralmente a los menores, citando la Convención sobre los Derechos de los Niños, que permite a los Estados adoptar medidas para salvaguardar a los niños de cualquier forma de daño. En este contexto, el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones severas para quienes recluten o utilicen a menores en conflictos armados, con penas que oscilan entre diez y trece años de prisión.
La escalada de violencia en el país ha llevado a que el reclutamiento de menores se convierta en un fenómeno alarmante. En 2024, las provincias de Guayas y Pichincha reportaron un aumento significativo en las detenciones de menores vinculados a actividades delictivas. Según datos de la Policía, entre enero y octubre de 2024, se detuvieron a 3,086 menores, casi el doble de los 1,889 del mismo período en 2023. Este incremento pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas efectivas para frenar esta tendencia.
### La Respuesta del Gobierno ante el Aumento de la Violencia
El conflicto armado interno y los estados de excepción en varias provincias han sido factores que han exacerbado la violencia en Ecuador. En este contexto, el presidente Noboa ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para abordar la economía criminal vinculada a estos conflictos. Este proyecto busca desmantelar las estructuras que permiten el reclutamiento y la explotación de menores, así como atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
La respuesta del gobierno no se limita a la creación de un comité y la propuesta de leyes. También se han llevado a cabo operativos de seguridad que han resultado en la detención de menores involucrados en actividades delictivas. Por ejemplo, en Manabí, un policía fue arrestado por reclutar y entrenar a menores como sicarios, lo que evidencia la gravedad del problema y la necesidad de una intervención más profunda y coordinada.
El rescate de un adolescente en Quito, quien había sido reclutado por una banda criminal, es un claro ejemplo de la labor que se está realizando para combatir este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de estas acciones dependerá de la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales y la sociedad civil.
La implementación de programas de prevención y rehabilitación es crucial para ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo. Es fundamental que el gobierno, junto con organizaciones no gubernamentales y la comunidad, trabaje en la creación de espacios seguros y oportunidades educativas y laborales que alejen a los menores de la influencia de grupos delictivos.
La situación actual en Ecuador exige una respuesta integral que no solo aborde el reclutamiento de menores, sino que también ataque las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades es esencial para construir un futuro más seguro para las nuevas generaciones. La lucha contra el reclutamiento de menores es una responsabilidad compartida que requiere un compromiso firme y sostenido por parte de todos los sectores de la sociedad.
