En un contexto donde la demanda eléctrica en Ecuador ha alcanzado niveles históricos, el Gobierno ha implementado una medida que obliga a las empresas de mayor consumo a construir sus propias plantas de generación eléctrica. Esta decisión, anunciada por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto 32, afecta a 171 empresas conectadas a las redes de alto voltaje, que deberán contar con sus instalaciones en un plazo de año y medio. Esta normativa busca mitigar los problemas de cortes de luz que han afectado al país en los últimos años, especialmente en la provincia de Guayas, donde se concentra la mayor parte de la actividad industrial.
La medida se enmarca en un contexto de crisis energética, donde el Gobierno ha tenido que lidiar con apagones y déficits de suministro. Las empresas afectadas, que son las que demandan más energía, deberán iniciar la construcción de sus plantas a partir de la publicación oficial del decreto, lo que aún no ha ocurrido hasta la fecha de actualización de esta información. Si el decreto se publica en junio de 2025, las empresas tendrían que tener sus plantas operativas para diciembre de 2026.
### La Demanda Energética y el Impacto en la Industria
Las empresas que se ven obligadas a cumplir con esta normativa son aquellas que requieren un alto voltaje para sus procesos productivos. Entre ellas se encuentran grandes mineras y fabricantes de acero, que demandan cantidades significativas de energía. Por ejemplo, Lundin Gold, que opera la mina de oro Fruta del Norte, requiere 17 megavatios, mientras que Ecuacorriente, que gestiona la mina de cobre Mirador, demanda 83 megavatios. Juntas, estas empresas representan una demanda eléctrica comparable a la que cubre la empresa eléctrica CNEL en la provincia de El Oro.
La Cámara de Industrias de Guayaquil ha señalado que aproximadamente el 50% de las 167 empresas en el nivel de Alto Voltaje 1 ya cuentan con generadores propios, aunque la mayoría de estos son solo plantas de respaldo para emergencias. Esto indica que muchas industrias aún no están preparadas para operar de manera continua con sus propias fuentes de energía, lo que podría complicar su capacidad de producción en un escenario donde la demanda eléctrica sigue en aumento.
La situación se vuelve más crítica si se considera que el sector industrial en Guayas es el que más consume energía en el país. En 2024, se registraron 1.209 megavatios consumidos por empresas de los sectores comercial e industrial, de los cuales 464 megavatios, es decir, el 38%, correspondieron a negocios en Guayas. Esto pone de relieve la importancia de que estas empresas se adapten rápidamente a la nueva normativa para evitar interrupciones en su producción.
### Desafíos en la Implementación de Plantas de Generación
El tiempo estipulado para que las empresas implementen sus plantas de generación ha sido objeto de debate entre expertos. Gabriel Secaira, un especialista en energía, ha señalado que el plazo de un año y medio es insuficiente, especialmente si se considera que la construcción de una hidroeléctrica, que es la opción más económica, puede tomar hasta tres años. Las alternativas más rápidas, como los paneles solares, no son viables para las industrias que requieren un suministro constante de energía, ya que dependen de factores climáticos.
Además, si las empresas optan por construir plantas térmicas, que son más rápidas de instalar, enfrentarán el desafío del costo del combustible, como el diésel, que puede ser elevado. Aunque el gas natural es una opción más económica, Ecuador no cuenta con la infraestructura necesaria para importarlo de manera efectiva, lo que limita las opciones de las empresas para cumplir con la nueva normativa.
La situación se complica aún más por el contexto económico del país. En 2024, el sector industrial experimentó una caída significativa en sus ventas, lo que sugiere que muchas empresas podrían no tener los recursos financieros necesarios para realizar las inversiones requeridas en infraestructura energética. Esto plantea un dilema crítico: ¿cómo podrán las empresas cumplir con la obligación de generar su propia electricidad sin comprometer su viabilidad económica?
En resumen, la obligación impuesta por el Gobierno a las empresas de Guayas para que construyan sus propias plantas de generación eléctrica representa un cambio significativo en la forma en que se gestiona la energía en el país. Con un plazo ajustado y múltiples desafíos por delante, la capacidad de estas empresas para adaptarse a la nueva normativa será crucial para su futuro y para la estabilidad del suministro eléctrico en Ecuador.