En Ecuador, el contexto de las protestas ha tomado un giro significativo con la reciente implementación de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, vigente desde agosto de 2022. Esta normativa establece los límites y condiciones bajo las cuales las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, pueden actuar durante manifestaciones, especialmente en situaciones de alta tensión como el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La ley busca equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de mantener el orden público, pero su aplicación ha generado controversia y debate en la sociedad ecuatoriana.
### Principios de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza
La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza establece que los agentes del orden deben priorizar la vida y la integridad de las personas. En este sentido, se prohíbe el uso de armas letales en protestas pacíficas, permitiendo su uso únicamente en situaciones donde exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Esto implica que, en caso de manifestaciones, los policías y militares deben agotar primero los medios no violentos, como la negociación y la verbalización, antes de recurrir a la fuerza física o a armas menos letales.
Entre las herramientas permitidas para el control de multitudes se encuentran escopetas lanza gases, armas para munición antitumulto y cañones de agua, así como inhibidores de frecuencias para desactivar dispositivos de comunicación. Sin embargo, la ley también establece que el uso de la fuerza debe ser proporcional y justificado, lo que significa que no se puede considerar violenta una protesta simplemente porque sus participantes porten objetos como máscaras o cascos.
### La Realidad de las Protestas en Ecuador
A pesar de las regulaciones establecidas, la realidad en el terreno es compleja. Durante el paro nacional que comenzó el 22 de septiembre de 2025, se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, resultando en la muerte de un comunero y múltiples heridos. La Fiscalía ha iniciado investigaciones para determinar si hubo excesos por parte de los agentes del estado. La tensión ha aumentado, y las organizaciones internacionales han comenzado a expresar su preocupación por el respeto a los derechos humanos en el contexto de estas manifestaciones.
Gina Romero, relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación, ha instado a las fuerzas estatales a detener el uso de la violencia contra los manifestantes, recordando que el derecho a protestar es fundamental en una democracia. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha descartado la posibilidad de negociación con los líderes indígenas mientras se mantenga la eliminación del subsidio al diésel, una de las principales demandas de los manifestantes.
La falta de diálogo y la escalada de la violencia han llevado a que muchos ciudadanos cuestionen la efectividad de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. A pesar de que la normativa busca proteger tanto a los manifestantes como a los agentes del orden, su aplicación en situaciones de alta tensión ha demostrado ser un desafío. La distinción entre protestas pacíficas y violentas se vuelve difusa, y las decisiones sobre el uso de la fuerza recaen en la interpretación de los oficiales en el terreno, lo que puede llevar a abusos y a una mayor represión de las voces disidentes.
En este contexto, es crucial que tanto el gobierno como las fuerzas de seguridad actúen con responsabilidad y respeto a los derechos humanos. La implementación efectiva de la ley requiere no solo de un marco normativo claro, sino también de una capacitación adecuada para los agentes del orden, así como de un compromiso genuino por parte del estado para escuchar y atender las demandas de la ciudadanía. La situación actual en Ecuador es un recordatorio de la importancia de encontrar un equilibrio entre el orden público y el respeto a los derechos fundamentales, en un país donde las protestas han sido históricamente una herramienta de lucha por la justicia social.
