En el contexto político ecuatoriano, la relación entre el poder ejecutivo y la Corte Constitucional ha sido históricamente tensa. Desde la llegada de Daniel Noboa a la presidencia, esta dinámica ha cobrado un nuevo impulso, con el mandatario buscando modificar el marco legal que rige a la Corte. Noboa se une a la lista de presidentes que han intentado influir en el control constitucional del país, un proceso que ha sido marcado por la controversia y la polarización.
La historia reciente de Ecuador muestra que los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno también intentaron, a través de referendos, modificar la estructura y el funcionamiento de la Corte Constitucional. Correa lo hizo en 2008, cuando convocó a una Asamblea Constituyente que resultó en una nueva Constitución, y Moreno lo siguió en 2018, buscando deshacerse de lo que él mismo denominó la ‘Corte Cervecera’. Ahora, Noboa busca seguir este camino, proponiendo un referendo que podría permitir el juicio político a los jueces de la Corte.
### La Propuesta de Referendo de Noboa
El presidente Noboa ha anunciado su intención de llevar a cabo un referendo en diciembre, que incluiría varias preguntas, entre ellas la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional. Este movimiento ha sido calificado por algunos sectores como un intento de coartar la independencia judicial, mientras que el oficialismo lo presenta como una medida necesaria para garantizar la rendición de cuentas de los magistrados.
La retórica del oficialismo ha cambiado notablemente desde que la Corte admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes urgentes aprobadas por el gobierno. Los voceros del oficialismo han comenzado a referirse a la Corte como el ‘enemigo del pueblo’, una estrategia que busca movilizar a la opinión pública en apoyo a la propuesta de referendo. Sin embargo, este discurso ha sido criticado por aquellos que argumentan que la independencia judicial es fundamental para la democracia.
Entre las leyes cuestionadas se encuentran las de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, que han sido objeto de múltiples demandas desde su promulgación. A pesar de que aún no se ha emitido un fallo sobre estas leyes, la presión sobre la Corte ha aumentado, y se han convocado marchas de protesta en su contra. La situación se complica aún más por el hecho de que cualquier modificación al control constitucional debe ser aprobada por la misma Corte, lo que añade un nivel de incertidumbre al proceso.
### Historia de las Modificaciones Constitucionales en Ecuador
La historia de las reformas al control constitucional en Ecuador es rica y compleja. En 2008, Rafael Correa, tras ganar un referendo, convocó a una Asamblea Constituyente que resultó en la creación de una nueva Corte Constitucional. Este nuevo organismo fue diseñado para ser independiente, pero en la práctica, se convirtió en un aliado del gobierno de Correa, conocido como la ‘Corte Cervecera’. Durante su mandato, esta Corte se caracterizó por su falta de actividad y su alineación con las políticas del Ejecutivo.
En 2018, Lenín Moreno, tras distanciarse de Correa, buscó desmantelar la influencia de la ‘Corte Cervecera’. A través de otro referendo, logró que se le otorgaran poderes extraordinarios a un Consejo de Participación Ciudadana, que terminó destituyendo a los jueces de la Corte. Este proceso fue visto como un intento de Moreno de recuperar el control sobre el sistema judicial y de poner fin a lo que consideraba abusos de poder por parte de la Corte.
La actual Corte Constitucional, que comenzó a funcionar en 2019, ha tenido un papel más activo en la supervisión de las acciones del gobierno. Sin embargo, su independencia ha sido cuestionada por algunos sectores, que argumentan que ha tomado decisiones que incomodan a los presidentes en el poder. La propuesta de Noboa de permitir el juicio político a los jueces podría ser vista como un intento de recuperar el control sobre un organismo que ha demostrado ser más crítico con las políticas gubernamentales.
A medida que se acerca la fecha del referendo, la tensión entre el gobierno y la Corte Constitucional probablemente aumentará. La capacidad de Noboa para llevar a cabo su propuesta dependerá no solo de la aprobación de la Corte, sino también de la respuesta de la ciudadanía y de los grupos de oposición. En un país donde la política es a menudo un juego de poder, la lucha por el control de la Corte Constitucional es un reflejo de las dinámicas más amplias que moldean la gobernanza en Ecuador.
