El proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador se encuentra en un momento crucial, con un plazo que se aproxima a su vencimiento y la necesidad de conformar una Comisión Ciudadana de Selección. Este organismo es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, especialmente tras la renuncia de Diana Salazar, quien dejó el cargo en mayo de 2025. La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la gestión de este concurso, así como sobre las reformas necesarias en el reglamento que rige este proceso.
La urgencia de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección es evidente. El CPCCS se impuso un plazo de 30 días para establecer esta comisión, que debe ser conformada antes del 20 de junio de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado la convocatoria para este organismo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del concurso. Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha indicado que se están gestionando los recursos necesarios para que la comisión funcione adecuadamente, pero la falta de avances concretos ha suscitado dudas sobre la capacidad del consejo para cumplir con su compromiso.
La elección del nuevo fiscal es un proceso que involucra varias etapas, comenzando con la convocatoria a aspirantes, seguida de la fase de admisibilidad, donde se verifica si los postulantes cumplen con los requisitos legales. Posteriormente, se lleva a cabo la fase de impugnación ciudadana, donde se permite a la ciudadanía cuestionar la idoneidad de los candidatos. La evaluación de méritos es otra etapa crucial, donde se analizan las cualidades y la experiencia de los postulantes. Finalmente, se procede a la designación de la autoridad, un paso que debe ser realizado con la mayor transparencia posible para evitar cuestionamientos futuros.
El reglamento del concurso también está en revisión, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso. El 20 de junio, el Pleno del CPCCS se reunirá para discutir las sugerencias realizadas por diferentes gremios sobre el reglamento. Estas sugerencias incluyen acciones afirmativas y la inclusión de materias relevantes como el derecho procesal penal internacional y criminología. La necesidad de actualizar el reglamento es evidente, dado que fue aprobado originalmente en septiembre de 2024 y ha sufrido varias modificaciones desde entonces.
La participación ciudadana es un aspecto clave en este proceso. El CPCCS ha decidido abrir un nuevo plazo para que los ciudadanos se sumen a la veeduría ciudadana del concurso, lo que busca promover la transparencia y la vigilancia del proceso. Hasta febrero de 2025, más de 500 ciudadanos ya se habían inscrito para participar en esta veeduría, lo que refleja un interés significativo por parte de la población en el proceso de selección del nuevo fiscal. Sin embargo, la consejera Nicole Bonifaz ha expresado su preocupación de que este nuevo proceso de veeduría podría retrasar aún más el inicio del concurso.
La situación actual del concurso para el nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador es un reflejo de los desafíos que enfrenta el CPCCS en su labor de garantizar la transparencia y la legitimidad en la selección de autoridades. La falta de avances concretos en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y la revisión del reglamento son aspectos que deben ser abordados con urgencia. La ciudadanía, por su parte, juega un papel fundamental en este proceso, y su participación activa puede contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia del país.
En este contexto, es crucial que el CPCCS actúe con celeridad y eficacia para cumplir con los plazos establecidos y garantizar que el proceso de selección del nuevo fiscal se lleve a cabo de manera transparente y justa. La elección de un nuevo fiscal no solo es un asunto administrativo, sino que tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia en Ecuador y para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La atención de la opinión pública y la participación activa de los ciudadanos serán determinantes para el éxito de este proceso.
