La situación política en Guayaquil se ha vuelto tensa tras el llamado a audiencia del alcalde Aquiles Álvarez en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este evento, programado para el 1 de septiembre de 2025, podría tener repercusiones significativas en su carrera política. La denuncia en su contra, presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, alega que Álvarez incurrió en una infracción electoral grave durante la última campaña presidencial, específicamente al realizar proselitismo a favor de Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana (RC).
La defensa del alcalde ha rechazado las acusaciones, argumentando que la única prueba presentada es una publicación en redes sociales que no menciona a ningún candidato. Esta situación ha generado un debate sobre la interpretación de las leyes electorales y el uso de las redes sociales en el contexto político actual.
### Contexto de la Denuncia
La denuncia contra Aquiles Álvarez se centra en un tuit que publicó horas antes del cierre de campaña de Luisa González, en el que instaba a sus seguidores a llenar un lugar específico para un evento. Este mensaje ha sido interpretado por el denunciante como una inducción al voto, lo que ha llevado a la apertura de un proceso en el TCE. La audiencia se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del TCE en Quito, y no se permitirá la comparecencia virtual, lo que añade un nivel de formalidad y seriedad al proceso.
El juez Joaquín Viteri, encargado del caso, ha convocado a ambas partes para presentar sus argumentos. La defensa de Álvarez sostiene que no hay sustento jurídico para la denuncia, ya que la publicación no hace referencia directa a la candidata ni a la campaña electoral en sí. Este argumento pone de relieve la complejidad de las leyes electorales y cómo estas se aplican en la era digital, donde las redes sociales juegan un papel crucial en la comunicación política.
### Implicaciones Legales y Políticas
El Código de la Democracia establece sanciones severas para las infracciones electorales, que pueden incluir multas significativas, destitución y suspensión de derechos de participación. En este contexto, la defensa de Álvarez ha enfatizado que la denuncia carece de fundamento, lo que podría resultar en la desestimación del caso si el tribunal encuentra que no hay pruebas suficientes.
Sin embargo, la situación no solo afecta a Álvarez a nivel personal, sino que también tiene implicaciones más amplias para el panorama político en Guayaquil y Ecuador en general. La percepción pública sobre la legalidad de las acciones de los funcionarios electos puede influir en la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y en la política en sí.
La audiencia del 1 de septiembre será un momento clave para Álvarez, quien ha enfrentado críticas y apoyo en igual medida. La forma en que se desarrolle este proceso podría determinar no solo su futuro político, sino también el de otros funcionarios que se encuentran en situaciones similares. La defensa de Álvarez ha manifestado su intención de demostrar que las acusaciones son infundadas y que el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación política no debe ser penalizado sin un análisis riguroso.
A medida que se acerca la fecha de la audiencia, el interés público y mediático en el caso de Aquiles Álvarez sigue creciendo. La forma en que se resuelva este conflicto podría sentar un precedente en la interpretación de las leyes electorales en el país, especialmente en un momento en que las redes sociales son una plataforma fundamental para la interacción entre políticos y ciudadanos. La atención se centrará no solo en el resultado de la audiencia, sino también en cómo este caso influye en la dinámica política de Guayaquil y en la percepción de la justicia electoral en Ecuador.
