La reciente decisión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) de devolver 37 fondos de cesantía y jubilación a sus propietarios originales ha generado un amplio debate en Ecuador. Esta medida, que busca corregir un manejo financiero que ha resultado en pérdidas para el IESS, es parte de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad, aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2025. La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, aún requiere la sanción del Ejecutivo para entrar en vigencia, lo que añade un elemento de incertidumbre a la situación.
### Contexto Histórico de los Fondos de Cesantía
La historia de estos fondos se remonta a la década de 1980 y 1990, cuando los empleados públicos comenzaron a crear asociaciones para gestionar sus ahorros de manera independiente. Estos fondos fueron diseñados como un mecanismo de ahorro a largo plazo, permitiendo a los trabajadores acumular recursos que podrían utilizar en caso de desempleo o al momento de su jubilación. Sin embargo, en 2014, el entonces presidente Rafael Correa tomó la decisión de traspasar la administración de estos fondos al Biess, argumentando que algunos de ellos habían recibido aportes del Estado, lo que justificaba la intervención gubernamental.
La medida fue controvertida y generó un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes argumentaban que los fondos eran de naturaleza privada y que su administración debía permanecer en manos de sus propietarios originales. A pesar de la oposición, el Biess asumió el control de estos fondos, lo que resultó en una gestión que ha sido calificada de ineficiente y costosa.
### Impacto Económico y Financiero
Desde que el Biess tomó el control de estos fondos, la situación financiera ha sido preocupante. Según datos del Biess, la administración de estos 37 fondos ha generado pérdidas sistemáticas. En 2024, los ingresos por comisiones de administración fueron de apenas USD 102,112, mientras que los costos operativos alcanzaron los USD 221,715. Este déficit ha sido cubierto con recursos de los afiliados del IESS, lo que ha llevado a un déficit acumulado de USD 413,636 entre 2015 y 2024.
El perfil de riesgo de estos fondos también es alarmante, con un 11% clasificado como alto riesgo y un 33% como riesgo medio. Esto complica aún más la gestión centralizada de los mismos, lo que ha llevado a la necesidad de una reforma que libere al Biess de esta responsabilidad. La devolución de los fondos a sus propietarios originales no solo es una cuestión de justicia, sino también una medida necesaria para evitar que los recursos de los afiliados del IESS sigan siendo utilizados para cubrir pérdidas que no les corresponden.
La reforma ha sido bien recibida por expertos en el área, quienes consideran que es un paso positivo hacia la recuperación de la autonomía de los fondos de cesantía y jubilación. Juan Sebastián Naranjo, abogado y actuario, ha señalado que esta medida permitirá a los trabajadores recuperar el control sobre sus ahorros y evitar que el Biess asuma responsabilidades que no le corresponden.
### El Proceso de Devolución
La devolución de los fondos de cesantía y jubilación a sus propietarios originales es un proceso que aún está en marcha. La ley que establece esta devolución debe ser sancionada por el Ejecutivo, quien tiene la opción de vetar el proyecto o enviarlo al Registro Oficial para su implementación. Este proceso es crucial, ya que determinará el futuro de miles de trabajadores que han estado esperando la recuperación de sus ahorros durante años.
Los beneficiarios de esta medida incluyen a trabajadores de municipios, ministerios y universidades, quienes han estado en una situación de incertidumbre respecto a sus fondos. La administración de estos recursos por parte del Biess ha sido vista como un obstáculo para el desarrollo económico de los trabajadores, quienes han argumentado que sus ahorros deberían ser utilizados para mejorar su calidad de vida y no para cubrir déficits de una entidad que no les pertenece.
La situación actual plantea un desafío para el gobierno ecuatoriano, que debe equilibrar la necesidad de recuperar estos fondos con la presión de los grupos de interés que han estado involucrados en la administración de los mismos. La presión social y política será un factor determinante en la implementación de esta ley, y los trabajadores estarán atentos a las decisiones que se tomen en los próximos meses.
La devolución de los fondos de cesantía y jubilación es un paso hacia la justicia financiera en Ecuador, y su correcta implementación podría sentar un precedente importante para la gestión de recursos públicos y privados en el país. La historia de estos fondos es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración de los ahorros de los trabajadores, y el futuro de estos recursos dependerá de las decisiones que se tomen en el ámbito político en los próximos días.
