Ecuador ha estado en el centro de un intenso debate político en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la utilización de consultas populares y referendos como herramientas de legitimación por parte de los presidentes en el poder. Desde la implementación de la actual Constitución en 2008, el país ha gastado la asombrosa cifra de USD 153 millones en estos procesos, y se prevé que esta cifra aumente a USD 213 millones para finales de 2025. Este artículo explora el impacto financiero y político de estas consultas, así como las implicaciones para la democracia ecuatoriana.
La historia reciente de las consultas populares en Ecuador revela un patrón claro: los presidentes han utilizado estas herramientas para consolidar su poder y validar sus decisiones. Desde 2011, se han convocado seis consultas y referendos, y el actual presidente, Daniel Noboa, planea añadir una más en noviembre de 2025. Esto implica que, en promedio, los ecuatorianos han sido llamados a las urnas cada nueve meses. La última consulta, que costó USD 60 millones, ha suscitado críticas sobre la utilización de recursos públicos en un contexto donde el país enfrenta serios desafíos económicos.
### Un Análisis de los Costos y Beneficios
El costo de las consultas populares no es un tema menor. En un país donde el déficit de viviendas alcanza el 57%, el gasto en estas iniciativas podría haber sido destinado a proyectos de infraestructura y servicios básicos. Por ejemplo, con el dinero gastado en la última consulta, el gobierno podría haber construido más de 3,000 casas o mejorado centros de salud y escuelas. Sin embargo, los presidentes prefieren convocar a consultas en momentos que consideran políticamente convenientes, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la ética y la necesidad de tales gastos.
La Corte Constitucional ha intervenido en varias ocasiones, advirtiendo al Ejecutivo sobre el uso de recursos públicos para consultas que no siempre parecen ser urgentes o necesarias. A pesar de estas advertencias, los presidentes continúan utilizando las urnas como un termómetro político, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de estas consultas. ¿Son realmente una herramienta de participación ciudadana o simplemente un mecanismo para afianzar el poder presidencial?
### Temas en la Agenda de la Consulta de Noviembre
La próxima consulta popular, programada para el 30 de noviembre de 2025, se presenta en un contexto complicado. Tras la decisión de la Corte Constitucional de eliminar cinco propuestas, la papeleta se limitará a cuatro temas: la implementación del trabajo por horas en el sector turístico, la reducción del número de legisladores, la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en el país y la eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas. Estos temas han generado un intenso debate en la sociedad ecuatoriana, y la falta de claridad sobre el plan operativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) añade incertidumbre a la situación.
El presidente Noboa ha sido claro en su intención de llevar a cabo esta consulta, pero la falta de información sobre las decisiones de la Corte y el plan del CNE ha dejado a muchos ecuatorianos preguntándose si este proceso será realmente representativo de la voluntad popular. La historia reciente muestra que, aunque algunos presidentes han tenido éxito en sus consultas, otros han enfrentado un rechazo contundente por parte de la ciudadanía.
La utilización de consultas populares como herramienta de legitimación no es exclusiva de Noboa. Sus predecesores, Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa, también utilizaron este recurso para validar sus políticas y decisiones. Sin embargo, solo Moreno y Correa lograron obtener resultados favorables en sus consultas, lo que sugiere que la efectividad de estas iniciativas puede depender en gran medida del contexto político y social en el que se desarrollan.
A medida que Ecuador se prepara para otra consulta popular, la pregunta que queda en el aire es si estos procesos realmente reflejan la voluntad del pueblo o si son simplemente una estrategia para consolidar el poder presidencial. Con un gasto tan elevado en estas iniciativas, es fundamental que los ciudadanos exijan transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. La democracia ecuatoriana enfrenta desafíos significativos, y el futuro de las consultas populares dependerá de la capacidad del gobierno para escuchar y responder a las necesidades de su población.
