La relación entre el gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional de Ecuador ha alcanzado un punto crítico, marcado por tensiones y desacuerdos que han llevado al presidente a convocar a la ciudadanía a manifestarse en contra de las decisiones judiciales. Este enfrentamiento no es nuevo en la política ecuatoriana, pero la intensidad de las acusaciones y la respuesta del Ejecutivo han generado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial en el país.
### La Corte Constitucional como Enemigo del Gobierno
Desde que asumió el cargo, el presidente Noboa ha manifestado su descontento con la Corte Constitucional, a la que considera un obstáculo para su agenda política. La reciente decisión de la Corte de aceptar a trámite varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por su administración ha sido el detonante de una serie de reacciones por parte del Ejecutivo. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha expresado que la Corte actúa de manera «estrictamente legalista», lo que ha llevado a Noboa a calificar a los magistrados como «nueve personas entronadas» que no representan la voluntad del pueblo.
El presidente ha anunciado su intención de marchar hacia la sede de la Corte en Quito para protestar contra la suspensión temporal de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. Esta decisión ha sido interpretada como un intento de la Corte de limitar el poder del Ejecutivo, lo que ha llevado a Noboa a plantear la posibilidad de un referendo para permitir que los jueces constitucionales sean sometidos a enjuiciamientos políticos, lo que podría poner en riesgo la independencia judicial.
La tensión entre el gobierno y la Corte no es un fenómeno aislado. Desde el inicio de su mandato, Noboa ha tenido varios desencuentros con los magistrados. En enero de 2024, la Corte reprendió al presidente por no justificar adecuadamente un estado de excepción relacionado con la crisis eléctrica. A pesar de la presión, el Ejecutivo ha mantenido su estrategia, buscando incluso el apoyo de organizaciones internacionales para presionar a la Corte.
### Un Patrón de Conflicto en la Política Ecuatoriana
El conflicto actual entre el gobierno de Noboa y la Corte Constitucional refleja un patrón que ha sido evidente en administraciones anteriores. Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso también tuvieron enfrentamientos con la Corte, que ha actuado como un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Corte fue criticada por su falta de revisión de decisiones, lo que llevó a la creación de una nueva Corte en 2019 tras un referendo que buscaba reformar el sistema judicial.
Sin embargo, la nueva Corte ha adoptado un enfoque más estricto, especialmente en lo que respecta a los estados de excepción. En el pasado, la Corte ha anulado varios estados de excepción decretados por Moreno y Lasso, así como otras medidas que consideraba inconstitucionales. Este papel de la Corte como árbitro en decisiones clave ha generado tensiones continuas entre el poder ejecutivo y el judicial.
La reciente suspensión de artículos de las leyes de Noboa ha colmado la paciencia del gobierno, que ha visto cómo sus iniciativas legislativas son cuestionadas. La respuesta del Ejecutivo ha sido acusar a la Corte de ser un «enemigo del pueblo», un discurso que busca movilizar a la ciudadanía en apoyo a su administración. La situación ha llevado a un clima de polarización, donde los discursos del gobierno y las acciones de la Corte se convierten en un campo de batalla político.
La relación entre el gobierno y la Corte Constitucional es un reflejo de la lucha por el poder en Ecuador, donde la independencia judicial se enfrenta a la presión política. La posibilidad de que los jueces sean sometidos a enjuiciamientos políticos plantea serias dudas sobre la capacidad de la Corte para actuar de manera imparcial y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. En este contexto, el futuro del sistema judicial en Ecuador se encuentra en una encrucijada, donde las decisiones de la Corte y las reacciones del gobierno seguirán siendo objeto de intenso escrutinio y debate público.
