El caso Triple A ha captado la atención de la opinión pública en Ecuador, especialmente tras la acusación formal presentada por la Fiscalía contra Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y otros 21 procesados, entre personas y empresas. Este caso gira en torno a la presunta comercialización ilegal de combustible, un delito que podría acarrear penas de hasta cinco años de prisión. La audiencia preparatoria de juicio, que se llevó a cabo el 13 de junio de 2025, marcó un hito en este proceso judicial, donde se evaluaron las pruebas y se discutieron las medidas cautelares para los acusados.
### Contexto del Caso Triple A
La Fiscalía ha acusado a Aquiles Alvarez de ser el autor del delito de comercialización ilegal de combustible en la frontera. Según la acusación, Alvarez, a través de su empresa Copedesa, habría facilitado la distribución de combustibles a gasolineras sin supervisar adecuadamente su comercialización, lo que permitió que se desviara el diésel subsidiado a otros segmentos del mercado. Este hecho es particularmente grave, ya que se relaciona con la falta de control en la entrega de 42,3 millones de galones de diésel a 21 estaciones de servicio en diversas provincias del país entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024.
El fiscal Carlos Alarcón, durante su intervención, presentó una serie de evidencias que apuntan a la responsabilidad de Alvarez y otros acusados en este esquema de comercialización ilegal. La Fiscalía sostiene que las irregularidades comenzaron con la firma de contratos entre Copedesa y Petroecuador, lo que permitió que el combustible subsidiado llegara a estaciones de servicio en zonas fronterizas y mineras, donde se presume que fue desviado para su venta en mercados no autorizados.
La audiencia del 13 de junio fue solo la primera parte de un proceso que se espera se extienda por varios días. El juez Renán Andrade, encargado de la causa, ha señalado que la complejidad del expediente podría llevar a que la audiencia se prolongue hasta el 15 de junio y que se reinstale nuevamente el 20 de junio. Durante esta fase, se espera que la Fiscalía presente su dictamen acusatorio y que los abogados de los acusados respondan a las alegaciones.
### Implicaciones Legales y Reacciones
La acusación contra Aquiles Alvarez y los otros 21 procesados se basa en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como delito el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas. Este delito se castiga con penas que oscilan entre tres y cinco años de prisión, lo que ha generado un ambiente de tensión y expectativa en la sociedad ecuatoriana.
Durante la audiencia, los abogados de los acusados intentaron argumentar la nulidad del proceso, alegando que la investigación debería ser llevada ante la Corte Nacional debido a la condición de alcalde de Alvarez. Sin embargo, el juez Andrade desestimó estos argumentos, afirmando que los hechos investigados ocurrieron antes de que Alvarez asumiera su cargo, por lo que no se aplicaba el fuero provincial.
Alvarez, al llegar al Complejo Judicial del Norte de Quito, se declaró «procesado injustamente» y expresó su confianza en la institucionalidad del país. Su abogado, Ramiro García, criticó la decisión de la Fiscalía de solicitar prisión preventiva, argumentando que su cliente se había presentado voluntariamente a la audiencia. Esta situación ha generado un debate sobre la percepción de la justicia en Ecuador y la influencia de la política en los procesos judiciales.
El caso Triple A no solo afecta a Aquiles Alvarez, sino que también involucra a otras 15 personas y seis empresas, lo que amplifica la gravedad de las acusaciones. La Fiscalía ha presentado un total de 22 acusados, entre los que se encuentran figuras relevantes del sector empresarial y político, lo que ha llevado a que el caso sea visto como un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país.
A medida que avanza el proceso judicial, se espera que la opinión pública continúe siguiendo de cerca los desarrollos del caso. La transparencia en el manejo de este tipo de situaciones es crucial para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que se haga justicia. La audiencia del 14 de junio será un momento clave para determinar el futuro de Aquiles Alvarez y los demás acusados, así como para sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en Ecuador.
