El caso del femicidio de María Belén Bernal ha capturado la atención de la sociedad ecuatoriana, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las implicaciones legales y sociales que ha generado. La audiencia de apelación programada para el 29 de mayo de 2025 es un momento crucial en este proceso judicial que ha estado marcado por la espera y la incertidumbre. La Corte Provincial de Justicia ha convocado a esta audiencia para resolver los recursos presentados por la defensa del condenado, Germán Cáceres, y por la familia de la víctima, así como la Fiscalía, que busca revocar la sentencia de inocencia del teniente Alfonso C.
### Contexto del Caso
María Belén Bernal, una abogada quiteña, desapareció el 11 de septiembre de 2022 tras visitar a su esposo, Germán Cáceres, en la Escuela Superior de Policía. Su cuerpo fue encontrado diez días después en el cerro Casitagua, lo que desató una ola de indignación en el país. La naturaleza del crimen, perpetrado dentro de una institución estatal, y la aparente inacción de las autoridades durante los primeros días, cuando Cáceres aún estaba en servicio activo, han alimentado la percepción de impunidad que rodea a este caso.
El juicio por femicidio concluyó en mayo de 2023 con una condena de 34 años y 8 meses de prisión para Cáceres, quien fue declarado culpable como autor material del crimen. Sin embargo, el teniente Alfonso C., quien estaba de turno la noche del asesinato, fue absuelto. Esta decisión ha generado un clamor por justicia por parte de la familia de Bernal y de la sociedad en general, que exige que se revise la inocencia del oficial, argumentando que su omisión de actuar fue una contribución al crimen.
### La Audiencia de Apelación
La audiencia de apelación, que se llevará a cabo de manera telemática, abordará dos recursos clave. Por un lado, la defensa de Cáceres busca reducir su condena o cambiar el tipo penal, un objetivo que, según la acusación particular, es «jurídicamente imposible». Por otro lado, la familia de Bernal y la Fiscalía han solicitado que se revoque la sentencia de inocencia del teniente Alfonso C., argumentando que su inacción durante el crimen lo convierte en cómplice por omisión.
El abogado de la familia Bernal, Galo Quiñones, ha calificado el proceso judicial como un «viacrucis», señalando que se han presentado más de 15 escritos solicitando la instalación de la audiencia de sentencia oral. La dilación en el proceso se ha visto agravada por la excusa de uno de los jueces del tribunal, quien alegó falta de independencia judicial, aunque su solicitud fue rechazada por sus colegas.
La audiencia anterior se realizó hace más de un año, y desde entonces, la falta de pronunciamiento del tribunal ha generado múltiples solicitudes de la Fiscalía y de la acusación particular para que se emita una resolución. La decisión de llevar a cabo esta audiencia de forma virtual ha sido cuestionada, ya que la defensa de la familia Bernal y la Fiscalía han solicitado que se realice de manera presencial, pero hasta la fecha, el tribunal no se ha pronunciado al respecto.
La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales en casos de femicidio en Ecuador. Las cifras de femicidios en el país son alarmantes, y la percepción de impunidad en estos casos ha llevado a un creciente clamor social por reformas en el sistema judicial y una mayor protección para las mujeres.
La audiencia del 29 de mayo no solo es un momento crucial para el caso de María Belén Bernal, sino que también representa una oportunidad para que la sociedad ecuatoriana exija justicia y un cambio en la forma en que se abordan los casos de violencia de género. La atención mediática y el activismo social han mantenido vivo el caso, y la resolución de esta apelación podría sentar un precedente importante para futuros casos de femicidio en el país.
A medida que se acerca la fecha de la audiencia, la familia de María Belén Bernal y sus seguidores continúan haciendo un llamado a la justicia, recordando que cada día que pasa sin una resolución es un día más de impunidad. La lucha por justicia en este caso es un reflejo de la lucha más amplia contra la violencia de género en Ecuador, donde cada femicidio es un recordatorio doloroso de la necesidad de un cambio significativo en la cultura y en el sistema judicial.
