La reciente aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia ha generado un gran revuelo en el ámbito financiero ecuatoriano. Esta normativa, que permite al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) vender a empresas de cobranza las deudas de afiliados y jubilados que no han sido pagadas a tiempo, plantea importantes interrogantes sobre su impacto en los deudores y en el sistema financiero en general.
### Cambios en la Gestión de Deudas
Con la nueva ley, el Biess podrá actuar de manera similar a las entidades bancarias privadas, permitiendo la venta de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios en mora. Esto significa que, si un afiliado deja de pagar su préstamo, el Biess podrá transferir esa deuda a una empresa especializada en recuperación de deudas. Este proceso se activará después de que el Biess haya agotado todas las gestiones de cobro, lo que podría incluir múltiples notificaciones al deudor.
Por ejemplo, si una afiliada ha dejado de pagar su crédito hipotecario durante más de un año, el Biess podría optar por vender esa deuda a una empresa de cobranza. Aunque la afiliada seguirá siendo responsable de la deuda, ahora deberá tratar con una nueva entidad, que puede tener políticas de cobro más estrictas. Esto podría generar una mayor presión sobre los deudores, quienes podrían enfrentar un proceso de cobranza más agresivo.
El economista David Castellanos señala que la venta de cartera no es un proceso arbitrario. Generalmente, se requiere que la deuda esté en mora por un periodo específico, que suele ser de al menos 70 días. Esto implica que los deudores que tienen atrasos menores, como uno o dos meses, no verán cambios inmediatos en su situación. Sin embargo, aquellos que están muy atrasados podrían ser transferidos a una empresa de cobranza, lo que podría complicar aún más su situación financiera.
### Implicaciones para los Afiliados
La posibilidad de que el Biess venda deudas plantea serias preocupaciones para los afiliados y jubilados. En primer lugar, existe el riesgo de que los deudores se enfrenten a prácticas de cobranza más agresivas y menos flexibles que las que podría ofrecer el Biess. Las empresas de cobranza suelen contar con estrategias más estrictas y experiencia en el manejo de deudas, lo que podría resultar en una mayor presión sobre los deudores para que paguen.
Además, la ley no especifica claramente qué tipo de cartera vencida podrá ser vendida, lo que deja un margen de incertidumbre. Castellanos menciona que, aunque los créditos quirografarios generalmente no se transfieren a otras entidades debido a su baja tasa de morosidad, los hipotecarios son los más susceptibles a la venta. Esto es preocupante, ya que la tasa de morosidad en los créditos hipotecarios del Biess ha alcanzado niveles alarmantes, superando el 12%.
Otro aspecto a considerar es la situación de los afiliados cuyos empleadores retienen las cuotas para el Biess pero no las transfieren. En estos casos, el afiliado podría verse perjudicado por la falta de pago de su empleador, lo que podría llevar a complicaciones legales adicionales. Castellanos advierte que, en tales situaciones, los deudores tendrían que recurrir a mecanismos legales para recuperar su dinero, lo que podría ser un proceso largo y complicado.
La implementación de esta ley también plantea preguntas sobre la liquidez del Biess. Aunque la venta de deudas podría proporcionar al Biess una inyección de capital inmediato, es crucial que estos fondos se utilicen para otorgar nuevos créditos a afiliados y jubilados, en lugar de ser destinados a la compra de bonos del Estado. Castellanos enfatiza que esta medida debería ser regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos para garantizar la transparencia y evitar abusos.
En resumen, la nueva ley que permite al Biess vender deudas a empresas de cobranza representa un cambio significativo en la gestión de créditos en el Ecuador. Si bien podría ofrecer una solución para recuperar dinero que de otro modo sería irrecuperable, también plantea serias preocupaciones para los afiliados y jubilados, quienes podrían enfrentar un entorno de cobranza más hostil y menos comprensivo. La regulación adecuada y la supervisión son esenciales para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente.
