La situación económica de Ecuador se ha vuelto cada vez más crítica, especialmente en lo que respecta al manejo de su deuda pública. En 2026, el país destinará una cantidad alarmante de USD 4.037,8 millones solo para el pago de intereses de su deuda, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior. Este monto no solo es significativo por sí mismo, sino que también supera el presupuesto destinado a la seguridad, que se estima en USD 4.054 millones. Esta tendencia al alza en los pagos de intereses ha sido una constante en la última década, donde el gasto en este rubro ha más que duplicado desde los USD 1.931,4 millones que se pagaban en 2016.
El crecimiento de los intereses de la deuda pública es un fenómeno que ha afectado a Ecuador de manera continua, con un leve respiro entre 2020 y 2021, cuando el gobierno de Lenín Moreno implementó un canje de deuda que permitió un período de gracia en el pago de capital. Sin embargo, este alivio ha llegado a su fin, y ahora el país enfrenta un aumento significativo en sus obligaciones financieras. Según Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, el país comenzará a pagar la amortización de los bonos emitidos en 2020, lo que incrementará aún más la carga financiera.
### Causas del Aumento de la Deuda
El aumento en los pagos de intereses se debe a varios factores interrelacionados. En primer lugar, el monto total de la deuda externa ha crecido considerablemente, lo que implica que el país debe destinar más recursos para cubrir los intereses. Freddy Cevallos, gerente general de UHY y analista económico, señala que la deuda pública no es intrínsecamente negativa, pero se vuelve problemática cuando se vuelve insostenible y se utiliza para gastos que no generan crecimiento económico.
Además, el aumento de las tasas de interés a nivel global ha impactado directamente en el costo de la deuda de Ecuador. Desde 2022, las tasas de interés han ido en aumento, influenciadas por las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales. Este contexto global ha elevado el riesgo país de Ecuador, lo que a su vez incrementa el costo de los préstamos internacionales. A medida que el riesgo país se eleva, los prestamistas exigen tasas de interés más altas, lo que agrava aún más la situación financiera del país.
La deuda externa de Ecuador se ha vuelto más costosa, y se estima que en 2026, el país deberá pagar el 20% del total de la deuda en bonos emitidos en 2020, lo que equivale a USD 809 millones. Las tasas de interés de estos bonos también han aumentado, pasando de un 6% en 2024 a un 6,9% en 2026 para los bonos que vencen en 2030. Esta tendencia de aumento en las tasas de interés no es exclusiva de Ecuador, sino que se ha observado a nivel mundial, lo que complica aún más la situación financiera del país.
### Impacto en el Presupuesto Nacional
El impacto de estos aumentos en los pagos de intereses se refleja en el presupuesto nacional. Para 2026, el gasto en salarios de los funcionarios públicos se prevé que disminuya ligeramente, mientras que el gasto en transferencias corrientes, que incluye asignaciones a la seguridad social y bonos para la población vulnerable, aumentará. Este aumento en las transferencias corrientes se estima en USD 204,4 millones más que en 2025, alcanzando un total de USD 6.252,1 millones.
El gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a un dilema complicado: por un lado, debe cumplir con sus obligaciones de deuda, y por otro, necesita asegurar que los servicios básicos y la seguridad social estén financiados adecuadamente. La situación se complica aún más por la necesidad de mantener la estabilidad política y social en un contexto de creciente descontento popular.
La combinación de un aumento en los intereses de la deuda, la presión sobre el presupuesto nacional y la necesidad de mantener la estabilidad económica y social presenta un desafío monumental para el gobierno ecuatoriano. La forma en que se maneje esta situación en los próximos años será crucial para el futuro económico del país y su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En este contexto, la búsqueda de soluciones sostenibles y efectivas se vuelve más urgente que nunca.
