En los últimos años, Ecuador ha sido testigo de un alarmante aumento en los casos de estafas relacionadas con tarjetas de crédito y débito. Entre enero y julio de 2025, la Superintendencia de Bancos ha investigado un total de 273 casos de fraude, de los cuales el 73% involucró a clientes que, lamentablemente, entregaron información confidencial a delincuentes. Este fenómeno no solo afecta a las víctimas directas, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales en el país.
### La Realidad de las Estafas Financieras
La situación es crítica. En 2024, la Fiscalía recibió 194 denuncias por delitos de estafa o fraude mediante tarjetas, y de esos casos, 187 resultaron en pérdidas económicas para las víctimas. Hasta el 15 de agosto de 2025, ya se habían registrado 111 denuncias, con 106 casos consumados. Esto significa que un número significativo de personas ha sido víctima de robos o compras fraudulentas, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema financiero ecuatoriano.
Un caso representativo es el de una mujer que, tras recibir su nueva tarjeta de crédito, fue contactada por un supuesto representante del banco. La estafadora, que conocía detalles específicos sobre la tarjeta y la cliente, le solicitó información sensible, lo que casi la llevó a caer en la trampa. Este tipo de estafas, conocidas como «vishing», son cada vez más comunes y sofisticadas, lo que dificulta la detección y prevención por parte de los usuarios.
Los delincuentes han encontrado formas ingeniosas de obtener datos personales, desde la compra de bases de datos en el mercado negro hasta el uso de técnicas de ingeniería social. Según el abogado financiero Julio César Benítez, las redes de delincuentes operan utilizando información que, en muchos casos, proviene de entidades financieras o comercios que no protegen adecuadamente los datos de sus clientes. Esto plantea la pregunta: ¿cómo es posible que los estafadores sepan que una persona ha recibido una nueva tarjeta de crédito?
### La Impunidad y la Falta de Protección
A pesar de la creciente cantidad de denuncias, la impunidad sigue siendo un problema significativo. En 2023, de las 265 denuncias recibidas por la Fiscalía, el 46% permanecía en la etapa de indagación previa, lo que significa que no se habían tomado medidas efectivas para investigar los casos. Solo un par de casos resultaron en sentencias condenatorias, lo que refleja una alarmante falta de resultados en la lucha contra estos delitos.
La Superintendencia de Bancos ha señalado que, en muchos casos, las entidades financieras no se responsabilizan por las pérdidas sufridas por los clientes, argumentando que estos cometieron errores al proporcionar información confidencial. De las quejas presentadas entre enero y julio de 2024, el 75% resultó en resoluciones desfavorables para los clientes, lo que indica que la mayoría de las estafas se ejecutaron debido a errores atribuibles a los usuarios.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que entró en vigencia en 2021, establece sanciones para las empresas que no protegen adecuadamente la información de sus clientes. Sin embargo, la implementación de esta ley y la efectividad de las sanciones son cuestionables, ya que muchos afectados no ven resultados tangibles tras presentar sus quejas. La falta de seguimiento y la burocracia en el sistema judicial contribuyen a que muchos casos queden sin resolver, dejando a las víctimas sin justicia.
La situación es aún más preocupante cuando se considera que los delincuentes están utilizando nuevas formas de extorsión. En lugar de solicitar pagos en efectivo, algunos están pidiendo a los dueños de negocios que les proporcionen datos de las tarjetas de sus clientes. Esto no solo pone en riesgo a los consumidores, sino que también afecta la confianza en el sistema financiero en su conjunto.
La combinación de la falta de responsabilidad por parte de las entidades financieras, la impunidad en el sistema judicial y la creciente sofisticación de las técnicas de estafa crea un ambiente peligroso para los consumidores en Ecuador. Es crucial que tanto las instituciones financieras como las autoridades trabajen en conjunto para mejorar la seguridad de los datos y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Solo así se podrá comenzar a restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero y proteger sus derechos.
