Ecuador se encuentra en un momento crítico en su gestión financiera, con un presupuesto para el año 2025 que requiere de aproximadamente USD 11.531 millones en préstamos. Esta cifra es esencial no solo para cubrir el gasto público, sino también para hacer frente a las deudas adquiridas en años anteriores que deben ser saldadas este año. La ministra de Finanzas, Sariha Moya, ha señalado que el país espera recibir USD 4.000 millones en préstamos adicionales para completar su presupuesto, lo que refleja la dependencia del país de financiamiento externo para mantener su estabilidad económica.
### Dependencia de Préstamos Internos y Multilaterales
Hasta el 23 de octubre de 2025, Ecuador ha recibido el 65% de los desembolsos de préstamos esperados, lo que equivale a USD 7.531 millones. La mayor parte de estos recursos proviene del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que ha adquirido bonos de deuda interna emitidos por el Ministerio de Finanzas. Este mecanismo ha permitido al Estado financiarse, aunque plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de depender de fondos internos para cubrir necesidades tan significativas.
El IESS, a pesar de su autonomía, ha sido un prestamista crucial para el gobierno, comprando la mayoría de los bonos emitidos. Entre enero y octubre de 2025, el Estado ha recibido USD 6.016 millones a través de estos bonos, lo que ha permitido cubrir gran parte de las necesidades financieras del año. Sin embargo, la situación plantea un dilema: ¿hasta qué punto es saludable que una entidad de seguridad social financie el gasto público?
A pesar de esta inyección de capital, Ecuador aún espera recibir USD 4.000 millones de otras fuentes, principalmente de organismos multilaterales. Entre estos, se destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha prometido desembolsar USD 600 millones como parte de un programa de crédito de USD 5.000 millones acordado en mayo de 2024. Este programa está condicionado a que el gobierno cumpla con ciertas metas económicas, lo que añade una capa de complejidad a la situación financiera del país.
### Estrategias para Reducir la Dependencia Financiera
La ministra Moya ha expresado la intención del gobierno de disminuir la dependencia de préstamos multilaterales, que han sido los principales prestamistas desde 2019. Aunque estos organismos ofrecen tasas de interés más bajas, suelen imponer condiciones estrictas que pueden ser difíciles de cumplir. Por ejemplo, el FMI ha establecido metas que incluyen la reducción de gastos y el aumento de ingresos, lo que ha llevado al gobierno de Daniel Noboa a implementar incrementos en impuestos como el IVA y recortes en subsidios a combustibles.
El riesgo país de Ecuador, que se sitúa en 763 puntos, refleja la desconfianza de los prestamistas internacionales sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Esta situación ha llevado a que las tasas de interés para bonos de deuda externa sean significativamente más altas, alcanzando un 11,88% anual, en comparación con el 4,5% que ofrecen los organismos multilaterales. Esta disparidad en tasas de interés subraya la urgencia de que Ecuador encuentre formas de estabilizar su economía y mejorar su perfil de riesgo.
El gobierno ha manifestado su intención de volver a emitir bonos de deuda externa en 2026, algo que no ha podido hacer desde 2020 debido al alto riesgo país. La emisión de bonos podría ofrecer una alternativa viable a los préstamos multilaterales, permitiendo al país evitar compromisos de ajuste fiscal que a menudo vienen acompañados de condiciones restrictivas.
La situación financiera de Ecuador es un reflejo de las complejidades que enfrenta el país en su búsqueda de estabilidad económica. Con un presupuesto que depende en gran medida de préstamos, la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento se vuelve imperativa. La gestión de la deuda y la implementación de políticas fiscales sostenibles serán cruciales para que Ecuador logre un crecimiento económico sostenible en el futuro. A medida que se acercan las elecciones y la consulta popular programada para el 16 de noviembre de 2025, el gobierno deberá navegar cuidadosamente entre las exigencias de los prestamistas y las necesidades de su población.
