Ecuador enfrenta un desafío significativo en la recuperación de recursos tras condenas millonarias en arbitrajes internacionales. A pesar de que la Ley de Repetición fue incluida en la Constitución de 2008, la falta de una normativa específica ha dificultado su aplicación efectiva. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha señalado que, desde 2015, el país ha sido condenado a pagar aproximadamente USD 2.800 millones, de los cuales USD 2.600 millones corresponden a arbitrajes internacionales. Sin embargo, los recursos recuperados a través de acciones de repetición son mínimos, lo que pone de manifiesto la necesidad de una legislación más clara y efectiva.
La Ley de Repetición permite al Estado reclamar a los servidores públicos y a las entidades privadas que hayan causado daños económicos al país a través de actos de corrupción o negligencia. Sin embargo, la dispersión de normativas y la falta de un marco legal coherente han hecho que este mecanismo sea poco utilizado. En este contexto, la Asamblea Nacional ha recibido dos proyectos de ley que buscan regular de manera más efectiva esta figura legal. Uno de los proyectos es presentado por la PGE y el otro por la legisladora Camila León de Acción Democrática Nacional (ADN).
### Proyectos de Ley en la Asamblea Nacional
Los nuevos proyectos de ley tienen como objetivo establecer procedimientos más claros y plazos definidos para la acción de repetición. Actualmente, el proceso de investigación interna para determinar responsabilidades se limita a 20 días, un tiempo que muchos consideran insuficiente para construir casos sólidos. Los nuevos proyectos proponen extender este plazo a 120 días, lo que permitiría una investigación más exhaustiva y la posibilidad de presentar acusaciones más fundamentadas.
Además, se plantea que la máxima autoridad de la entidad involucrada sea responsable de iniciar la investigación y notificar a los posibles responsables. En caso de que esta autoridad no actúe, la PGE podría tomar el caso y presentar una nueva acción de repetición, lo que podría extender el plazo de prescripción de la acción a cinco o incluso diez años, dependiendo de la propuesta que se adopte.
La importancia de estos cambios radica en que, hasta ahora, muchos casos de repetición han fracasado debido a la falta de tiempo para investigar adecuadamente. La PGE ha indicado que existen juicios de repetición pendientes que podrían ofrecer una cifra consolidada de lo recuperado, pero sin una legislación clara, el futuro de estas acciones sigue siendo incierto.
### Implicaciones de las Condenas Internacionales
La reciente condena de Ecuador a pagar USD 800 millones a Chevron ha puesto de relieve la urgencia de reformar la Ley de Repetición. Este fallo se suma a una larga lista de condenas que han afectado gravemente las finanzas del país. El presidente Daniel Noboa ha expresado su preocupación por las repercusiones que estas condenas pueden tener en proyectos futuros, como el polémico proyecto minero Loma Larga, que enfrenta la oposición de diversos grupos sociales y autoridades locales.
Noboa ha advertido que si se decide continuar con el proyecto y la minera reclama indemnizaciones, el Estado podría enfrentar nuevas condenas. Esto subraya la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad de sus decisiones y de que existan mecanismos efectivos para recuperar los recursos perdidos. La falta de una ley clara y efectiva para la acción de repetición no solo afecta la recuperación de fondos, sino que también envía un mensaje negativo sobre la rendición de cuentas en el sector público.
La situación actual de la Ley de Repetición en Ecuador es un reflejo de la complejidad del sistema legal y la necesidad de una reforma integral que permita al Estado recuperar los recursos que le corresponden. La aprobación de los nuevos proyectos de ley podría ser un paso crucial hacia la mejora de la gestión pública y la responsabilidad estatal. Sin embargo, el camino hacia una legislación efectiva y su implementación exitosa será un proceso largo y lleno de desafíos.
La PGE y los legisladores deben trabajar juntos para asegurar que la Ley de Repetición no sea solo una promesa vacía, sino una herramienta efectiva para la recuperación de recursos y la promoción de la transparencia en la administración pública. La sociedad ecuatoriana espera que, tras 17 años de espera, se logren avances significativos en este ámbito, que no solo beneficien al Estado, sino que también fortalezcan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
