El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado un ambicioso proyecto de ley con el objetivo de desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno que afecta al país. Este proyecto, enviado a la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2025, ha sido calificado como de «urgencia en materia económica», lo que significa que los legisladores tienen un plazo de 30 días para discutirlo y aprobarlo. La iniciativa surge en un contexto donde la guerrilla colombiana ha cruzado la frontera y ha comenzado a incursionar en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal en Ecuador.
### Medidas Propuestas para Combatir la Criminalidad
El proyecto de ley incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal y a otros cuerpos legales, con el fin de establecer un marco jurídico que permita combatir las economías criminales. Según el texto enviado a la Asamblea, el objetivo principal es proteger a la ciudadanía y asegurar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, así como fomentar la reactivación económica en las zonas más afectadas por el conflicto.
Una de las propuestas más destacadas es el reconocimiento oficial del Conflicto Armado Interno. Para ello, se emitirá un Decreto Ejecutivo que explique las razones detrás de esta decisión. Este reconocimiento permitirá implementar un régimen de medidas específicas que difiere del estado de excepción contemplado en la Constitución ecuatoriana. El decreto también identificará a los grupos armados organizados que participan en el conflicto, lo que facilitará la adopción de medidas económicas y financieras para desarticular sus economías.
El proyecto de ley define varios tipos de grupos armados, incluyendo grupos paramilitares, guerrilleros y autodefensas, así como cualquier otro grupo que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. Esto permitirá al gobierno tener un enfoque más claro y específico para abordar la problemática de la violencia y la criminalidad en el país.
### Creación del Bloque de Seguridad
Otra de las innovaciones que propone el proyecto es la creación de un Bloque de Seguridad, que funcionará como una instancia de coordinación operativa. Este bloque estará encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad necesarias para combatir el conflicto armado interno. Estará liderado por el presidente de la República o su delegado, y tendrá varias funciones clave.
Entre las responsabilidades del Bloque de Seguridad se encuentra la determinación de medidas económicas y financieras para desarticular las economías criminales. Además, se encargará de la recolección de información de inteligencia para anticipar movimientos de grupos armados organizados y proteger a la población civil. Para ello, se requerirá la colaboración de todas las entidades públicas y privadas, que deberán proporcionar la información solicitada.
El Bloque de Seguridad también tendrá la autoridad para identificar zonas de seguridad y coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética. Esto incluye el desarrollo de una estrategia de comunicación unificada para informar a la población sobre las acciones del bloque y contrarrestar la influencia de los grupos armados. Asimismo, se establecerán controles fronterizos integrados y sistemas de vigilancia tecnológica para mejorar la seguridad en el país.
### Nuevas Sanciones para Grupos Armados
El proyecto de ley también contempla sanciones severas para los miembros de grupos armados organizados. Durante la vigencia de un conflicto armado interno, se propone que las personas que participen directa o indirectamente en un grupo armado organizado enfrenten penas de prisión de entre 22 y 26 años. Aquellos que ocupen roles de dirección, organización o financiamiento podrían ser condenados a penas aún más severas, de entre 26 y 30 años.
Estas medidas buscan no solo desarticular las estructuras criminales existentes, sino también disuadir a nuevos reclutas de unirse a estos grupos. La implementación de penas más duras es una estrategia que busca debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro sobre la postura del gobierno frente a la violencia y la criminalidad.
El proyecto de ley de Daniel Noboa representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno ecuatoriano para abordar un problema que ha crecido en complejidad y gravedad en los últimos años. Con el reconocimiento del conflicto armado interno y la creación de un marco legal específico, el gobierno busca establecer un enfoque más efectivo para combatir la economía criminal y proteger a la ciudadanía. A medida que el proyecto avanza en la Asamblea Nacional, se espera que genere un amplio debate sobre la mejor manera de enfrentar esta crisis en el país.
