La minería ilegal ha sido un problema persistente en Ecuador, afectando no solo el medio ambiente, sino también la seguridad y la economía del país. En un esfuerzo por combatir esta actividad ilícita, el Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus operativos, especialmente en el sur del país, donde se han registrado numerosas intervenciones en los últimos meses. Este artículo explora las acciones recientes del Gobierno, los desafíos que enfrenta y las implicaciones de estas medidas en la lucha contra la minería ilegal.
### Operativos Recientes y Estrategias del Gobierno
Desde septiembre de 2025, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ha llevado a cabo más de 50 operativos en diversas provincias, con un enfoque particular en Morona Santiago y Azuay. Estos operativos son parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Daniel Noboa, que busca desmantelar las redes de minería ilegal que han proliferado en el país. La situación se ha vuelto crítica, especialmente en áreas como La Merced de Buenos Aires, donde la minería ilegal ha resurgido con fuerza tras la intervención del operativo Amanecer Radiante en 2019.
El 14 de octubre de 2025, el Gobierno lanzó una ofensiva sin precedentes, utilizando bombardeos aéreos para destruir campamentos y bocaminas en la zona de Buenos Aires. Esta acción fue justificada por el presidente Noboa, quien destacó que la minería ilegal se ha vuelto tan rentable como el narcotráfico, especialmente con el reciente aumento en el precio del oro, que ha superado los USD 4.100 por onza. La intervención fue una respuesta a la creciente violencia y la presencia de grupos armados, como Los Lobos, que operan en la región.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona será permanente, con el objetivo de erradicar la minería ilegal de manera definitiva. Esta postura refleja un cambio significativo en la política del Gobierno hacia la minería, priorizando la seguridad y el control territorial.
### Desafíos y Perspectivas Futuras
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la minería ilegal sigue siendo un desafío formidable. La reaparición de mineros informales en áreas previamente desmanteladas demuestra la complejidad del problema. Stevie Gamboa, abogado especializado en minería, señala que la situación en Buenos Aires era tan grave que la decisión de bombardear la zona era necesaria. Sin embargo, también advierte que, una vez que se retoma el control, es crucial que Arcom recupere el material aurífero que aún se encuentra en la zona y realice una investigación exhaustiva para identificar a todos los involucrados en la cadena de suministro de la minería ilegal.
El Gobierno ha incrementado el presupuesto de Arcom a USD 200 millones, lo que podría proporcionar más recursos para combatir la minería ilegal. Sin embargo, la recaudación de la nueva tasa de control minero ha sido inferior a lo esperado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los recursos disponibles. Hasta septiembre de 2025, solo se habían recaudado USD 2,2 millones de los USD 12 millones proyectados.
Con la promesa del presidente Noboa de continuar atacando otros puntos críticos de minería ilegal, se espera que las operaciones se extiendan a otras provincias identificadas como de alto riesgo. Según el último informe de Arcom, se han identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias, de los cuales 40 son considerados los más peligrosos debido a la presencia de grupos armados.
Las zonas más críticas incluyen Esmeraldas, Zamora Chinchipe y Carchi, donde se han realizado operativos significativos en los últimos meses. En estos operativos, se han incautado 266 toneladas de material aurífero, lo que equivale a aproximadamente USD 38,5 millones en valor potencial. Sin embargo, este material aún necesita ser procesado para convertirse en oro, lo que significa que el impacto económico inmediato es limitado.
La situación en el sur del país, particularmente en Morona Santiago y Azuay, sigue siendo tensa. Las intervenciones en estas áreas han sido más frecuentes, con un enfoque en la recuperación de zonas históricamente dedicadas a la minería artesanal. Sin embargo, la falta de operativos en otras áreas críticas, como Molleturo y El Pablo, sugiere que aún queda mucho por hacer para abordar el problema de manera integral.
En resumen, la lucha contra la minería ilegal en Ecuador está en una fase crítica, con el Gobierno implementando medidas drásticas para recuperar el control de las zonas afectadas. A medida que se intensifican los operativos, será fundamental que las autoridades mantengan un enfoque sostenible y a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la minería ilegal y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
