La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública en Ecuador ha permitido al Estado y a las empresas públicas adoptar medidas para protegerse contra la inestabilidad de los precios de commodities como el petróleo y el oro. Esta legislación, que entró en vigor el 26 de junio de 2025, autoriza al Banco Central de Ecuador (BCE) y a las empresas estatales a contratar seguros o coberturas financieras, conocidos como hedging, para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.
### La Necesidad de Coberturas Financieras en el Contexto Ecuatoriano
La economía ecuatoriana ha estado históricamente ligada a los precios de los commodities, especialmente el petróleo, que representa una parte significativa de los ingresos del Estado. La inestabilidad de los precios del petróleo ha impactado directamente en el Presupuesto General del Estado, lo que ha llevado a la necesidad de implementar estrategias que protejan las finanzas públicas. Según proyecciones recientes, el precio promedio del barril de petróleo ecuatoriano en 2025 se estimaba en USD 63,7, pero entre enero y mayo de ese año, el precio promedio fue de USD 60,97, y se espera que baje a USD 57.
La Ley de Integridad Pública permite que el BCE y las empresas públicas realicen operaciones de hedging para cubrirse ante caídas en los precios de estos commodities. Esto significa que, en caso de que el precio del petróleo caiga por debajo del umbral acordado, el gobierno podrá recibir compensaciones que le ayuden a cubrir el déficit generado por la disminución de ingresos. Este mecanismo es similar a un seguro, donde el gobierno paga una prima para garantizar un precio mínimo para el petróleo, asegurando así la estabilidad financiera del país.
### Funcionamiento de los Seguros de Commodities
El mecanismo de hedging implica que el gobierno contrate un seguro que le permita fijar un precio mínimo para el petróleo. Por ejemplo, si el precio del barril se establece en USD 63,7 y el mercado lo cotiza a USD 57, el seguro cubriría la diferencia de USD 6,7 por barril. Sin embargo, estos seguros pueden ser costosos, especialmente para productos con precios volátiles como el petróleo. Un informe de Revenue Watch Open Society Institute señala que la prima de estos seguros es más alta para commodities inestables, lo que refleja el riesgo que asumen los aseguradores.
Además de los seguros, la Ley de Integridad Pública también permite a las entidades realizar operaciones a través de derivados financieros, que son instrumentos cuyo rendimiento está vinculado al precio de un activo subyacente. Esto incluye contratos futuros, donde se acuerda un precio para comprar o vender un commodity en el futuro. Esta flexibilidad en la contratación de instrumentos financieros es crucial para que el Estado pueda adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Sin embargo, la implementación de estas coberturas no está exenta de desafíos. La exgerente del BCE, Verónica Artola, ha señalado que, aunque un seguro para el oro podría no ser tan necesario debido a su naturaleza de refugio y menor volatilidad, la contratación de seguros para el petróleo es más urgente. A pesar de esto, la complejidad y el costo de estos instrumentos pueden ser un obstáculo significativo para su adopción.
### Desafíos en la Implementación de Coberturas
Uno de los principales retos que enfrenta Ecuador en la implementación de estas coberturas es la capacidad técnica e institucional de las empresas públicas para gestionar adecuadamente estos instrumentos financieros. Según el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, la falta de experiencia y conocimiento en el sector público puede dificultar la correcta ejecución de licitaciones y la contratación de seguros complejos. Esto se traduce en una preocupación sobre la capacidad del Estado para manejar adecuadamente los riesgos asociados a estos instrumentos.
Además, el mercado de seguros y derivados financieros en Ecuador aún no está completamente desarrollado, lo que limita las opciones disponibles para el gobierno. La falta de un marco regulatorio claro y la escasa experiencia en la gestión de estos productos financieros pueden generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas y las entidades aseguradoras.
La implementación de la Ley de Integridad Pública y la adopción de coberturas financieras representan un paso importante para Ecuador en su búsqueda de estabilidad económica. Sin embargo, será fundamental que el gobierno trabaje en fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las empresas públicas para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera efectiva y responsable. La gestión adecuada de los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de commodities será clave para asegurar la sostenibilidad financiera del país en el futuro.
