El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca establecer un control más riguroso sobre las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Este cuarto proyecto urgente en materia económica fue enviado a la Asamblea Nacional el 29 de julio de 2025 y tiene como objetivo principal combatir los flujos irregulares de capitales que, según el mandatario, están siendo utilizados para desestabilizar la economía ecuatoriana.
La propuesta, titulada «Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales», se compone de 28 páginas y fue enviada por correo electrónico, a pesar de que se esperaba la presencia de un funcionario del gobierno para explicar sus detalles. En una reciente entrevista, Noboa enfatizó que muchas fundaciones y ONGs internacionales están siendo utilizadas como fachadas para ingresar dinero al país sin ningún tipo de control, lo que ha contribuido al aumento de la criminalidad y la minería ilegal.
### Contexto de la Propuesta
La situación económica y social de Ecuador ha llevado al gobierno a considerar la implementación de esta ley como una medida necesaria para proteger la integridad financiera del país. En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un aumento en la exposición a flujos irregulares de capitales, lo que representa una amenaza significativa para la estabilidad económica y fiscal. El proyecto de ley argumenta que esta situación afecta directamente la equidad financiera del país, lo que justifica la necesidad de establecer mecanismos de control más estrictos.
El gobierno sostiene que la prevención, detección y control de estos flujos irregulares son fundamentales para promover la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad civil. La propuesta también busca asegurar que las fundaciones y otras entidades sin fines de lucro cumplan con sus obligaciones tributarias, lo que podría tener un impacto positivo en la economía nacional.
### Detalles Clave de la Ley
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es el papel que jugará la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la supervisión de las organizaciones de la sociedad civil. Esta entidad será responsable de llevar a cabo auditorías, intervenciones y controles sobre las fundaciones y ONGs. Se establecerán sanciones para aquellas organizaciones que no cumplan con las normativas establecidas, incluyendo el uso indebido de recursos económicos y la obstaculización de las labores de control.
A partir de la entrada en vigencia de la ley, todas las organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro deberán registrarse nuevamente en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Además, cada entidad tendrá un plazo de seis meses para implementar un Sistema de Integridad Institucional, y el incumplimiento de estas disposiciones podría resultar en la suspensión de operaciones o incluso la revocación de la personería jurídica.
La propuesta de ley también se enmarca en un contexto más amplio de reformas económicas y sociales que el gobierno ha estado impulsando. Noboa ha mencionado que la situación actual requiere de una respuesta contundente para garantizar la estabilidad del país y proteger a la población de las amenazas que representan los flujos irregulares de capitales.
En este sentido, el presidente ha señalado que la ley no solo busca regular el funcionamiento de las fundaciones y ONGs, sino que también pretende fortalecer la integridad y la transparencia en el manejo de recursos públicos y privados. La implementación de esta normativa podría ser un paso crucial para restaurar la confianza en las instituciones y fomentar un ambiente más seguro para la inversión y el desarrollo económico en Ecuador.
Con la presentación de este proyecto, el gobierno de Noboa busca establecer un marco legal que permita un control efectivo sobre las organizaciones que operan en el país, asegurando que cumplan con sus objetivos y no se conviertan en herramientas para actividades ilícitas. La discusión y eventual aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional será un tema de gran relevancia en los próximos meses, ya que podría tener un impacto significativo en el panorama económico y social de Ecuador.
