Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador en noviembre de 2023, el país ha estado marcado por una serie de estados de excepción que han generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre la población. En un periodo de 638 días de gestión, Noboa ha declarado 14 estados de excepción, lo que ha llevado a que Ecuador viva 506 días bajo esta medida extraordinaria. Esta situación ha suscitado un intenso debate sobre la efectividad de tales decretos y su impacto en la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
La Corte Constitucional ha intervenido en varias ocasiones, rechazando dos de los decretos por falta de justificación adecuada. A pesar de esto, el presidente ha continuado con su estrategia, argumentando que la inseguridad en el país requiere medidas drásticas. Sin embargo, los resultados han sido desalentadores, ya que el primer semestre de 2025 se ha registrado como el más violento en la historia reciente de Ecuador.
### La Estrategia de Mano Dura y sus Consecuencias
La estrategia de ‘mano dura’ implementada por el gobierno de Noboa ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de la movilización de 1750 militares en diversas provincias, la violencia no ha disminuido. En lugar de ello, los índices de criminalidad han aumentado, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de los estados de excepción como solución a la crisis de seguridad.
La Corte Constitucional ha señalado que el problema de la inseguridad en Ecuador tiene raíces estructurales que no pueden ser abordadas únicamente mediante medidas temporales. En este contexto, se ha ordenado la creación de una comisión interinstitucional para supervisar las acciones de las entidades de seguridad, lo que indica un reconocimiento de la necesidad de un enfoque más integral y sostenible.
Además, la extensión del estado de excepción a cantones de Bolívar y Cotopaxi ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes sienten que sus derechos están siendo restringidos sin una justificación clara. La falta de transparencia en la gestión de estos estados de excepción ha llevado a un clima de desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones.
### Un Contexto de Inseguridad y Desconfianza
Durante la gestión de Noboa, las provincias que han estado bajo estado de excepción incluyen El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Orellana, así como el cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez. Esta situación ha llevado a que, en ocasiones, todo el país haya estado bajo esta medida, como ocurrió entre enero y junio de 2024, cuando se decretaron 90 días de estado de excepción por un conflicto armado interno y otros 60 días por una crisis eléctrica.
El artículo 166 de la Constitución establece que el presidente debe remitir un informe sobre las acciones realizadas durante el estado de excepción. Sin embargo, este requisito no ha sido cumplido en los últimos seis decretos, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de rendición de cuentas del gobierno.
Históricamente, Ecuador ha vivido diferentes etapas de estados de excepción. Durante la administración de Rafael Correa, se decretaron 85 estados de excepción que sumaron 4,000 días, aunque muchos de ellos no implicaron restricciones significativas a los derechos ciudadanos. En contraste, los estados de excepción bajo la presidencia de Noboa se han centrado casi exclusivamente en la inseguridad y la violencia, lo que ha llevado a un aumento en los asesinatos en provincias y cantones bajo esta medida, con un incremento del 180% en 2025.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad en Ecuador y la capacidad del gobierno para abordar las causas subyacentes de la violencia. La percepción de que los estados de excepción son una solución temporal y no un enfoque sostenible ha llevado a un creciente descontento entre la población, que busca respuestas efectivas y duraderas a la crisis de seguridad.
La gestión de Daniel Noboa se encuentra en un punto crítico, donde la presión por resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad se intensifica. La falta de un plan claro y la dependencia de medidas extraordinarias han generado un clima de incertidumbre que podría tener repercusiones en la estabilidad política y social del país. En este contexto, la necesidad de un enfoque más holístico y colaborativo para abordar la inseguridad se vuelve cada vez más evidente, así como la importancia de garantizar los derechos de los ciudadanos en medio de la crisis.
