Ecuador se encuentra en un momento crítico tras el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Este paro surge como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado un amplio descontento social y que ha llevado al gobierno a implementar un estado de excepción en varias provincias del país. A continuación, se detallan los acontecimientos más relevantes en torno a esta situación.
**Movilizaciones y Presencia Militar**
El 19 de septiembre de 2025, a pesar de la convocatoria a paro nacional, las vías en Ecuador permanecen habilitadas. Según reportes del ECU 911, no se han registrado bloqueos significativos en provincias como Pichincha, Carchi e Imbabura, donde anteriormente se habían llevado a cabo protestas. Sin embargo, la presencia de fuerzas policiales y militares es notable, especialmente en puntos críticos como la Panamericana Norte, donde se han establecido controles para garantizar la seguridad y el orden público.
El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en una gira por el país, ha hecho un llamado a la calma y ha advertido que no permitirá bloqueos en las vías. En respuesta a la situación, ha decretado un toque de queda en cinco provincias, incluyendo Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, con el objetivo de prevenir disturbios y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este toque de queda se extiende desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.
**Reacciones de los Transportistas y Comunidades Indígenas**
En el centro de Cuenca, los transportistas han comenzado a movilizarse, entregando un manifiesto al gobernador local en el que solicitan la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel. Este grupo, que incluye a representantes de busetas escolares y transporte urbano, está evaluando la posibilidad de unirse al paro nacional convocado por la Conaie. La situación es similar en otras provincias, donde las comunidades indígenas están organizándose para definir sus acciones en respuesta a la crisis.
Por otro lado, la Confederación del Pueblo Kayambi ha convocado a una reunión en Cayambe para discutir las estrategias a seguir en el marco del paro nacional. La incertidumbre sobre el inicio de las movilizaciones persiste, ya que aunque la Conaie ha anunciado que el paro será inmediato, no se ha especificado una fecha exacta para su inicio. Sin embargo, el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC) ha instado a sus comunidades a prepararse y abastecerse de víveres hasta el 21 de septiembre, anticipando una jornada de protestas.
**Estado de Excepción y Medidas del Gobierno**
El estado de excepción, que se ha ampliado a ocho provincias, se justifica por la grave conmoción interna que ha generado la eliminación del subsidio al diésel. Este subsidio era crucial para muchos sectores, especialmente el transporte, que ahora enfrenta un aumento en los costos operativos. La decisión del gobierno ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad, que argumentan que esta medida afectará desproporcionadamente a los más vulnerables.
El gobierno de Noboa ha respondido a las críticas con un enfoque de seguridad, implementando medidas drásticas para controlar la situación. La presencia militar en las calles y el toque de queda son parte de una estrategia para evitar que las protestas escalen a niveles de violencia. Sin embargo, muchos ciudadanos se sienten frustrados por la falta de diálogo y soluciones efectivas a sus demandas.
**El Futuro de las Movilizaciones**
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la tensión entre el gobierno y las organizaciones indígenas parece aumentar. La falta de un acuerdo claro y la continua movilización de los sectores afectados podrían llevar a un escenario de mayor inestabilidad en el país. Las organizaciones sociales han manifestado su intención de continuar luchando por sus derechos y por la restitución del subsidio al diésel, lo que podría resultar en un prolongado conflicto social.
La situación en Ecuador es un reflejo de las tensiones sociales que pueden surgir ante decisiones gubernamentales que afectan directamente la economía de los ciudadanos. La respuesta del gobierno y la capacidad de las organizaciones sociales para movilizarse y hacer escuchar sus demandas serán factores determinantes en el desenlace de esta crisis.
