La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un paso significativo hacia la modificación de la Constitución al aprobar una reforma que elimina la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Este debate, que tuvo lugar el 3 de junio de 2025, ha generado una intensa controversia entre diferentes sectores políticos y la sociedad en general. La propuesta, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, busca enfrentar la creciente inseguridad que afecta al país, pero también plantea serias interrogantes sobre la soberanía nacional y las implicaciones geopolíticas de tal decisión.
**El Contexto de la Reforma**
La reforma al artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que actualmente establece que «Ecuador es un territorio de paz» y prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, fue aprobada con 82 votos a favor. Este respaldo provino principalmente de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), una facción de Pachakutik y algunos legisladores independientes. La propuesta fue presentada en septiembre de 2024 y ha sido objeto de un intenso debate en la Asamblea.
La legisladora Nataly Morillo, del partido de gobierno, argumentó que la amenaza para Ecuador no proviene solo de pandillas locales, sino de organizaciones delictivas que han penetrado en diversas instituciones del país. Morillo enfatizó la necesidad de buscar apoyo externo para combatir la inseguridad, sugiriendo que la reforma es un paso necesario para enfrentar estos desafíos.
Sin embargo, la oposición, liderada por el correísmo, ha expresado su rechazo a la reforma. La legisladora Nuria Butiñá argumentó que la eliminación de la prohibición podría comprometer la soberanía territorial de Ecuador y abrir la puerta a la intervención de fuerzas extranjeras en asuntos internos. Butiñá advirtió que esto podría poner al país en una situación complicada a nivel regional e internacional, afectando su neutralidad en conflictos armados.
**Reacciones y Consecuencias Potenciales**
El debate en la Asamblea no solo ha estado marcado por diferencias ideológicas, sino también por acusaciones mutuas entre los legisladores. Adrián Castro, de ADN, cuestionó la postura de la oposición, recordando que el correísmo ha tenido su parte de responsabilidad en la situación actual de inseguridad. Esta dinámica ha llevado a un ambiente tenso en el que se han cruzado acusaciones sobre la relación de ciertos sectores políticos con bandas criminales.
Alfredo Serrano, del PSC, también se pronunció sobre el debate, señalando que el apoyo a la reforma no implica que se establecerán bases militares de inmediato. Aclaró que, hasta el momento, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ha mostrado interés en instalar bases en Ecuador. Sin embargo, su intervención también destacó la necesidad de un debate más respetuoso y constructivo, en contraste con el tono hostil que ha caracterizado las discusiones recientes.
Por su parte, Ricardo Patiño, ex canciller y miembro del correísmo, hizo un llamado a la Asamblea para que el debate se realice con altura y sin desinformación. Patiño advirtió que, aunque no se esté planteando la instalación inmediata de bases militares, la eliminación de la prohibición es un riesgo que podría tener consecuencias graves en el futuro, especialmente si un gobierno con intenciones cuestionables decidiera solicitar la presencia de tropas extranjeras.
**Implicaciones Geopolíticas y de Seguridad**
La posibilidad de permitir bases militares extranjeras en Ecuador plantea serias interrogantes sobre la política exterior del país y su posición en el contexto geopolítico actual. La región ha sido testigo de tensiones crecientes, y la decisión de abrir las puertas a fuerzas militares foráneas podría ser vista como un cambio en la alineación política de Ecuador, afectando sus relaciones con otros países de la región.
Además, la reforma podría tener implicaciones en la percepción de Ecuador como un país pacífico y neutral. La historia reciente ha demostrado que la intervención militar extranjera puede tener consecuencias imprevistas, y la población ecuatoriana se encuentra dividida sobre si este es el camino correcto para abordar la inseguridad.
En resumen, la aprobación de esta reforma constitucional en Ecuador marca un momento crucial en la política del país. Mientras el gobierno argumenta que es una medida necesaria para enfrentar la inseguridad, la oposición advierte sobre los riesgos que conlleva. La discusión sobre la soberanía, la intervención extranjera y la seguridad nacional está lejos de concluir, y el futuro de Ecuador en este contexto sigue siendo incierto.
