La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado al aprobar la Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa. Esta ley, que busca fortalecer las herramientas legales para combatir las economías criminales, fue aprobada en una sesión marcada por la tensión política y la urgencia de abordar la creciente crisis de seguridad en el país.
**Contexto de la Ley de Solidaridad Nacional**
La aprobación de esta ley se produce en un contexto alarmante de violencia en Ecuador. Desde que el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, el país ha enfrentado un aumento drástico en las tasas de homicidio, que se prevé que superen los 53 por cada 100,000 habitantes al cierre del año. Esta situación ha llevado a la Asamblea a actuar con rapidez, buscando implementar medidas que respondan a la creciente preocupación de la ciudadanía por su seguridad.
La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada con 84 votos a favor, 1 en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra. La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió el proyecto, argumentando que responde al clamor de la población por una respuesta firme del Estado ante la criminalidad. Centeno destacó que entre 2023 y 2025, Ecuador ha perdido aproximadamente 250 millones de dólares debido a delitos relacionados con el robo de combustibles, lo que motivó la inclusión de un capítulo específico sobre hidrocarburos en la ley.
**Nuevas Medidas y Reglas Procesales**
La normativa aprobada establece una serie de nuevas reglas procesales que buscan agilizar la respuesta del sistema judicial ante el crimen organizado. Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de plazos para casos de flagrancia y la obligatoriedad de prisión preventiva para delitos relacionados con organizaciones criminales. Además, se contempla la especialización de jueces y fiscales en función del tipo de delito, lo que podría mejorar la eficacia del sistema judicial en la persecución de estos crímenes.
Durante el debate, varios asambleístas expresaron su apoyo a la ley, destacando la necesidad de una respuesta unificada ante la violencia. El asambleísta Steven Ordóñez, por ejemplo, enfatizó que su provincia, El Oro, es una de las más afectadas por la violencia, lo que justifica su respaldo al proyecto. Por otro lado, Sergio Peña, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, también apoyó la ley, argumentando que la seguridad no tiene color político y que todos los ciudadanos deben ser protegidos sin distinción.
Sin embargo, no todos los miembros de la Asamblea están convencidos de que esta ley sea la solución definitiva. Raúl Chávez, asambleísta de RETO-RC, advirtió sobre la necesidad de medir el impacto real de la ley y propuso la creación de una comisión multipartidista para supervisar su implementación. A su juicio, la falta de resultados en leyes anteriores similares indica que algo no está funcionando en la estrategia actual.
**Críticas y Desafíos Políticos**
A pesar del apoyo mayoritario, la Ley de Solidaridad Nacional no ha estado exenta de críticas. Desde la Revolución Ciudadana, Noemí Cabrera cuestionó la efectividad de las acciones del gobierno, señalando que las promesas de seguridad hechas por el presidente Noboa no se han materializado en resultados tangibles. Cabrera también mencionó que otras leyes aprobadas, como la de prevención del lavado de activos, aún carecen de reglamento, lo que dificulta su implementación efectiva.
Un punto de tensión durante la aprobación de la ley fue la postura del movimiento Pachakutik, cuyos miembros enfrentaron amenazas de expulsión si votaban a favor del proyecto. A pesar de estas presiones, algunos asambleístas de Pachakutik decidieron apoyar la ley, argumentando que la situación de violencia en sus provincias requiere una acción urgente. José Luis Nango, uno de los asambleístas que votó a favor, enfatizó la importancia de actuar en nombre de la ciudadanía, a pesar de las amenazas recibidas de su propio partido.
La aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional representa un intento significativo por parte del gobierno ecuatoriano de abordar la crisis de seguridad que afecta al país. Sin embargo, el éxito de esta ley dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del sistema judicial para adaptarse a las nuevas normativas. La presión política y las críticas de la oposición también jugarán un papel crucial en el futuro de esta legislación y en la lucha continua contra el crimen organizado en Ecuador.
