La madrugada del 7 de agosto de 2025, la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo la detención de José Arroyo, alcalde de Pujilí, un cantón en la provincia de Cotopaxi. Esta acción se enmarca dentro de la Operación Ornato Municipal, que investiga un presunto caso de peculado relacionado con la adjudicación irregular de obras durante su gestión. Arroyo, quien llegó al cargo en 2023 con el apoyo de una coalición que incluía a la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática y el Partido Socialista, se ha convertido en una figura polémica en la política ecuatoriana.
La detención de Arroyo no es un caso aislado en el contexto político de Ecuador, donde varios alcaldes han enfrentado problemas legales por diversas razones, incluyendo el manejo irresponsable de fondos públicos. Sin embargo, el caso de Arroyo destaca por su naturaleza específica: se le acusa de abrir procesos de contratación y adjudicar obras que ya habían sido completadas y entregadas a la comunidad, utilizando fondos que, supuestamente, no eran necesarios.
### El Contexto de la Detención
José Arroyo, de 44 años, es un político y diseñador que hizo historia al convertirse en el primer alcalde LGBTI elegido en Ecuador. Su ascenso al poder fue notable, ya que obtuvo el 63,7% de los votos en las elecciones seccionales de 2023, convirtiéndose en el segundo alcalde más votado del país en esos comicios. Su campaña se centró en la promoción de obras públicas, muchas de las cuales fueron financiadas a través de donaciones de entidades internacionales y donantes anónimos. Entre las obras más destacadas se encuentran la colocación de adoquines y la siembra de palmeras y plantas ornamentales en Pujilí.
La investigación que llevó a su detención comenzó hace aproximadamente 11 meses, tras denuncias presentadas por el entonces vicealcalde y otros funcionarios municipales. La Contraloría General del Estado ordenó una auditoría que reveló irregularidades en los procesos de contratación. Se alega que Arroyo adjudicó contratos por un total de USD 205,000 para obras que ya habían sido donadas a la comunidad, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de su gestión.
La audiencia de formulación de cargos contra Arroyo se llevó a cabo la misma noche de su detención, aunque hasta el momento no se ha emitido una resolución oficial por parte de la Fiscalía. Durante el operativo, se realizaron 20 allanamientos en las viviendas de funcionarios municipales, y se detuvo a otras 17 personas en relación con el caso, lo que indica la magnitud de la investigación.
### Implicaciones y Reacciones
La detención de José Arroyo ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social de Ecuador. Muchos ciudadanos se han mostrado preocupados por la corrupción en las instituciones públicas, mientras que otros defienden la gestión de Arroyo, argumentando que su detención es un ataque político. La situación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
El caso también ha suscitado un debate sobre la inclusión y la representación de la comunidad LGBTI en la política ecuatoriana. Arroyo, como figura emblemática, ha sido visto como un símbolo de progreso en un país donde la discriminación y la homofobia aún son problemas significativos. Sin embargo, su situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad de los líderes políticos para cumplir con sus promesas y mantener la confianza pública.
La Fiscalía ha enfatizado que la lucha contra la corrupción es una prioridad, y este caso es un ejemplo de su compromiso por investigar y sancionar a aquellos que abusan de su poder. La detención de Arroyo podría ser un punto de inflexión en la política local, ya que podría motivar a otros funcionarios a actuar con mayor responsabilidad y ética en el manejo de los recursos públicos.
A medida que avanza la investigación, la atención se centrará en los resultados de la audiencia y en cómo se desarrollará el proceso judicial. La situación de Arroyo es un recordatorio de que la corrupción puede afectar a cualquier nivel de gobierno y que la rendición de cuentas es esencial para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador. La comunidad de Pujilí, así como el resto del país, estará atenta a los próximos pasos en este caso que ha capturado la atención de muchos.
