En el contexto actual de Ecuador, el gasto en obra pública ha suscitado preocupaciones significativas. A medida que se acerca el final del año 2025, el gobierno de Daniel Noboa ha reportado un gasto de solo USD 120 millones en este sector, una cifra que representa menos de la mitad de lo que se ha destinado a bonos y transferencias de efectivo para ciertos grupos de la población. Este artículo examina la situación del gasto en obra pública en Ecuador, sus implicaciones y los factores que han llevado a esta tendencia a la baja.
**El Gasto en Obras Públicas y su Declive**
Desde 2017, el gasto en obra pública en Ecuador ha mostrado una tendencia a la baja, alcanzando un récord de USD 1.452 millones en ese año. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente, y para 2025, el presupuesto asignado para este rubro es de USD 449 millones. Hasta octubre de este año, solo se ha ejecutado el 27% de este presupuesto, lo que pone de manifiesto la ineficiencia en la ejecución de los recursos destinados a infraestructura.
La caída en el gasto en obra pública no es un fenómeno aislado. Se ha visto acompañado por un aumento en las transferencias de efectivo, que suman USD 266 millones en 2025. Estos bonos, como el Bono Raíces y las compensaciones a los transportistas, se han otorgado sin requerir justificaciones de uso, a diferencia de otros programas que sí exigen compromisos por parte de los beneficiarios. Esta situación plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y su enfoque en la inversión pública.
**Factores que Afectan el Gasto en Infraestructura**
La economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, señala que la caída del gasto en obra pública se debe a la necesidad del gobierno de reducir el déficit fiscal. A medida que el déficit aumenta, el país se ve obligado a contraer más deuda, lo que a su vez limita la capacidad de inversión en infraestructura. Ecuador enfrenta un perfil de pagador poco favorable, lo que dificulta la obtención de préstamos a tasas razonables.
Además, la estructura del gasto estatal es rígida, lo que limita las opciones del gobierno para realizar recortes en otras áreas. Por ley, el gobierno debe cumplir con asignaciones a gobiernos locales y aumentar el presupuesto para sectores como salud y educación, lo que deja poco margen para la inversión en obras públicas. Artola destaca que, lamentablemente, la obra pública ha sido la variable de ajuste en este contexto, ya que no existen restricciones legales que impidan su reducción.
Otro factor crítico es la dependencia del gasto en obra pública de ingresos no permanentes, como préstamos y ventas de petróleo. La producción de crudo en Ecuador ha disminuido, lo que ha afectado los ingresos del gobierno. Aunque se continúan recibiendo préstamos, gran parte de estos recursos se destinan a pagar deudas anteriores, lo que limita la capacidad de inversión en nuevas obras.
**Impacto en el Crecimiento Económico**
La baja inversión en obra pública tiene repercusiones significativas en el crecimiento económico del país. El sector de la construcción, que se ve directamente afectado por la reducción del gasto en infraestructura, es crucial para el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador. La falta de proyectos de infraestructura no solo limita el crecimiento del empleo, sino que también estanca el PIB, creando un ciclo negativo que es difícil de romper.
José Abel DeFina, doctor en finanzas, señala que la inversión pública en áreas como la generación eléctrica podría incentivar el crecimiento del sector productivo y atraer inversión privada. Sin embargo, la falta de obras de calidad en el pasado ha dejado al país con una carga de deuda que complica aún más la situación actual.
La situación actual del gasto en obra pública en Ecuador es un reflejo de las decisiones económicas que han priorizado la reducción del déficit fiscal sobre la inversión en infraestructura. Con un presupuesto de USD 449 millones para 2025 y solo USD 120 millones gastados hasta octubre, el futuro de la obra pública en el país parece incierto. La falta de eficiencia en la ejecución de los presupuestos y la dependencia de ingresos no permanentes son solo algunos de los desafíos que enfrenta el gobierno en su intento por revertir esta tendencia. A medida que se acerca el final del año, la pregunta sobre cómo se abordará el gasto en obra pública en 2026 se vuelve cada vez más relevante.
