La situación de las desapariciones forzadas en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en el contexto del conflicto armado interno que vive el país. Este fenómeno ha sido objeto de atención internacional, y el 23 de julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó los desgarradores testimonios de familiares de 33 personas desaparecidas. Estos relatos revelan una realidad dolorosa y preocupante que afecta a muchas familias ecuatorianas.
**El Contexto de las Desapariciones Forzadas**
Las desapariciones forzadas en Ecuador no son un hecho aislado. Según el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH), estas 33 desapariciones están ligadas a operativos militares en el marco de un estado de excepción declarado por el gobierno de Daniel Noboa. Este estado de excepción ha sido implementado como una medida para combatir el crimen organizado y las bandas de delincuencia, pero ha generado serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y los abusos de derechos humanos.
Uno de los casos más impactantes es el de cuatro menores de edad desaparecidos en Las Malvinas, Guayaquil, quienes fueron capturados por militares y cuyos cuerpos fueron encontrados días después en condiciones atroces. Este caso ha suscitado una ola de indignación y ha llevado a la detención de 16 uniformados. La madre de uno de los desaparecidos expresó su angustia: «Desde el momento en que los militares se lo llevaron, emprendimos una búsqueda incansable por todo el país, con recursos propios, y hasta el momento el Estado ecuatoriano no da respuesta».
La CIDH ha recibido múltiples testimonios que reflejan el miedo y la desesperación de los familiares. Muchos de ellos han manifestado su temor de salir a la calle, temiendo que sus seres queridos puedan ser víctimas de desapariciones similares. La angustia de estas familias es palpable, y sus relatos han conmovido a los delegados presentes en la audiencia.
**La Respuesta de las Organizaciones Internacionales**
La audiencia del 23 de julio no solo contó con la participación de los familiares de las víctimas, sino también con representantes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU. Camila Ruiz, de Amnistía Internacional, subrayó que se han documentado al menos cinco casos de desapariciones forzadas en el contexto del estado de excepción y el despliegue militar en Ecuador. Ruiz enfatizó que estos casos presentan elementos que configuran desapariciones forzadas y que existe una preocupación creciente por la falta de diligencia en las investigaciones por parte de la Fiscalía.
El oficial de Derechos Humanos de la ONU, Roberto Desogus, también expresó su preocupación por la situación en Ecuador. Reconoció que el gobierno enfrenta un desafío sin precedentes por el crimen organizado, pero advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública puede agravar la situación. Desogus recordó que los militares no están capacitados para asumir roles de seguridad pública, lo que podría resultar en más violaciones a los derechos humanos.
La falta de respuestas adecuadas por parte del Estado ha llevado a las familias a organizarse y exigir justicia. Protestas han tenido lugar en diversas ciudades, donde los familiares de los desaparecidos demandan que se tomen en serio sus casos y se realicen investigaciones exhaustivas. Sin embargo, el CDH ha criticado la tendencia de la Fiscalía a clasificar estos casos como desapariciones comunes o secuestros, lo que, según ellos, perjudica las investigaciones y la búsqueda de justicia.
La situación de las desapariciones forzadas en Ecuador es un reflejo de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. La combinación de un estado de excepción, el uso de fuerzas militares en la seguridad pública y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno ha creado un ambiente de impunidad y miedo. Las familias de las víctimas continúan luchando por la verdad y la justicia, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos eventos.
La CIDH y otras organizaciones seguirán monitoreando la situación en Ecuador, esperando que se tomen medidas concretas para abordar las violaciones de derechos humanos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La voz de las familias de los desaparecidos es un llamado urgente a la acción, y es fundamental que se escuche su clamor por justicia en un momento en que la violencia y la impunidad parecen dominar el panorama.
