La situación de la justicia en Ecuador ha sido objeto de un intenso debate en los últimos meses, especialmente tras la comparecencia del fiscal subrogante Wilson Toainga ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Durante su intervención, Toainga abordó temas críticos que afectan el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, destacando la corrupción y la falta de recursos humanos como dos de los principales obstáculos que enfrenta la institución.
### Corrupción en el Sistema Judicial
Uno de los puntos más alarmantes que mencionó Toainga es la penetración de la corrupción en todas las entidades del Estado, incluida la Fiscalía. En su declaración, afirmó que «ninguna entidad del Estado puede decir que no está permeada por la corrupción», lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación. Este comentario no solo refleja una preocupación interna, sino que también resuena en la opinión pública, que ha visto cómo casos emblemáticos de corrupción han salido a la luz en los últimos años.
La Fiscalía ha recibido 68 denuncias por supuestos errores manifiestos cometidos por operadores de justicia, de las cuales solo se han sancionado a siete fiscales y ocho jueces. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control interno y la capacidad de la institución para lidiar con la corrupción. Además, la Contraloría ha reportado 59 casos de posibles delitos entre jueces y fiscales desde noviembre de 2023, lo que indica que el problema es más amplio y complejo de lo que se pensaba.
Toainga también criticó la falta de legislación que proteja a los operadores de justicia que enfrentan al crimen organizado. Afirmó que, si bien es necesario fiscalizar a los jueces y fiscales, también se requiere un respaldo institucional que garantice su seguridad y la de sus familias. La falta de protección ha llevado a muchos fiscales a sentirse desamparados en su labor, lo que podría afectar su desempeño y la calidad de la justicia en el país.
### Déficit de Fiscales y Recursos Humanos
Otro aspecto crítico que Toainga destacó es el déficit de fiscales en el país. Desde 2019, ha solicitado en 16 ocasiones que se asignen más fiscales a nivel nacional, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. El último concurso para elegir fiscales se realizó en 2015, lo que ha resultado en una escasez alarmante de personal. Actualmente, hay 887 agentes fiscales operando en Ecuador, cuando se estima que deberían ser al menos 600 más para cumplir con las demandas de justicia del país.
Este déficit no solo afecta la capacidad de la Fiscalía para investigar y procesar casos, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. La falta de fiscales significa que muchos casos pueden quedar sin investigar, lo que a su vez puede llevar a un aumento en la impunidad y la percepción de que el crimen puede cometerse sin consecuencias.
La situación se vuelve aún más crítica cuando se considera que el país enfrenta un aumento en la violencia y el crimen organizado. La falta de recursos humanos en la Fiscalía limita su capacidad para hacer frente a estos desafíos, lo que genera un ciclo vicioso de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial.
El próximo 25 de junio, se espera que las principales autoridades del Consejo de la Judicatura comparezcan ante la Asamblea Nacional para abordar estas preocupaciones. Los legisladores han anunciado que plantearán una serie de preguntas sobre las sanciones y los concursos no ejecutados, lo que podría dar lugar a propuestas de reformas legales que busquen mejorar la situación actual.
La situación en la Fiscalía General del Estado es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta el sistema judicial en Ecuador. La corrupción y la falta de recursos son desafíos que requieren atención urgente y soluciones efectivas. La sociedad ecuatoriana espera que las autoridades tomen medidas concretas para restaurar la confianza en el sistema de justicia y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia imparcial y efectiva.
