El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador enfrenta un reto significativo en la regulación de la campaña anticipada para la consulta popular y el referéndum de 2025. A medida que se acerca la fecha de votación, programada para el 16 de noviembre, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha declarado que el organismo no tiene la capacidad de controlar la propaganda política que ya circula en las redes sociales. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y los actores políticos, quienes cuestionan la efectividad del marco legal actual en la supervisión de las campañas electorales.
### La Limitación del Código de la Democracia
Durante una reciente entrevista, Atamaint explicó que el Código de la Democracia no otorga al CNE la facultad de regular la propaganda en redes sociales, lo que ha llevado a una proliferación de anuncios y mensajes políticos en plataformas digitales. «Hay una confusión, el Código de la Democracia determina el control en medios, prensa escrita, medios digitales, que no es lo mismo que en redes sociales», afirmó Atamaint. Esta falta de control ha permitido que diversos movimientos y partidos políticos comiencen a promocionar sus posturas a favor del Sí y el No en la consulta popular, sin que el CNE pueda intervenir.
El CNE ha estado monitoreando la propaganda en espacios físicos, como vallas y vías, y ha indicado que cualquier infracción se imputará al gasto electoral. Sin embargo, la situación en las redes sociales es diferente. A principios de octubre, se detectaron nuevos perfiles en plataformas como META, dedicados a promover las preguntas de la consulta popular. Por ejemplo, cuentas como «Yo Voto Sí» y «Ahora Sí Ecuador» han invertido miles de dólares en publicidad, lo que plantea interrogantes sobre la equidad en la contienda electoral.
### La Licencia del Presidente Noboa
Otro aspecto relevante en este contexto es la posición del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respecto a la necesidad de solicitar una licencia para participar en la campaña de la consulta popular. Atamaint ha señalado que, según el Código de la Democracia, no es necesario que el presidente pida una licencia, ya que no se trata de una reelección. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de debate, especialmente considerando que Noboa asumió el cargo tras la muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso.
La controversia radica en que, aunque Noboa no se postula para un nuevo mandato, su participación activa en la campaña podría influir en el resultado de la consulta popular. Los críticos argumentan que su presencia en la campaña podría generar un desequilibrio en la contienda, dado su acceso a recursos y plataformas que no están disponibles para otros candidatos o movimientos.
El CNE ha enfatizado que los servidores públicos no deben incidir en el voto durante el ejercicio de sus funciones, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. La falta de claridad en la normativa electoral y la interpretación de las leyes han llevado a un clima de incertidumbre en torno a la campaña electoral.
### La Proliferación de la Propaganda en Redes Sociales
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión del marco legal que rige las campañas electorales en Ecuador. Con el auge de las redes sociales como herramientas de comunicación y propaganda, es crucial que el CNE y otros actores políticos se adapten a esta nueva realidad. La capacidad de los ciudadanos para acceder a información y participar en el debate público se ha ampliado, pero también ha surgido el riesgo de desinformación y manipulación.
El análisis de la propaganda en redes sociales revela que, a pesar de la falta de control por parte del CNE, los movimientos políticos están utilizando estas plataformas de manera efectiva para llegar a un público más amplio. Esto plantea la pregunta de cómo se puede garantizar un proceso electoral justo y equitativo en un entorno donde la información se difunde rápidamente y a menudo sin verificación.
En este contexto, es fundamental que el CNE considere la implementación de nuevas estrategias y herramientas para monitorear la propaganda en redes sociales. Esto podría incluir la colaboración con plataformas digitales para establecer mecanismos de control y transparencia, así como la educación de los votantes sobre cómo identificar información veraz y confiable.
La consulta popular y el referéndum de 2025 representan una oportunidad para que Ecuador fortalezca su democracia y garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a un proceso electoral justo. Sin embargo, para lograrlo, es esencial que se aborden las limitaciones actuales en la regulación de la propaganda electoral y se adapten las leyes a las realidades del mundo digital.
