En la provincia de Pastaza, un grupo de organizaciones indígenas ha decidido no acatar el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta decisión ha generado un debate significativo sobre la unidad y la estrategia de resistencia entre las comunidades indígenas de la región. A pesar de la convocatoria a la movilización, las comunidades de Pastaza han optado por priorizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes, marcando una clara distancia de las acciones propuestas por la Conaie.
La comuna San Jacinto de Pindo, que agrupa a 39 comunidades en los cantones Mera y Pastaza, ha sido una de las primeras en manifestar su postura. Milton Vargas, presidente de esta comuna, explicó que la decisión fue tomada por unanimidad entre los líderes de las comunidades, quienes consideran que la situación actual requiere una respuesta más cautelosa. Vargas enfatizó que, aunque no se sumarán al paro, permanecerán en alerta máxima y movilizados internamente para proteger su territorio y dignidad.
Esta postura también ha sido respaldada por el Frente Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (Cipna), que, aunque no forma parte de la estructura oficial de la Conaie, ha tenido un papel relevante en las luchas anteriores de la región. Jhon Wajay, líder del Cipna, expresó que su organización ha decidido no participar en el paro, argumentando que han sido manipulados en ocasiones anteriores por grupos que priorizan sus propios intereses sobre los de las comunidades.
A pesar de la decisión de estas organizaciones, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, conocida como PAKKIRU, sí ha decidido participar en el paro nacional, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena de Iberoamérica y del Ecuador, también ha manifestado que las comunidades amazónicas no se unirán al paro, lo que sugiere una fragmentación en la respuesta indígena ante las políticas del gobierno.
La falta de unidad entre las comunidades indígenas de Pastaza se refleja en la diversidad de opiniones y decisiones. En la provincia de Napo, por ejemplo, la Federación de Organizaciones Indígenas (FOIN), que representa a 243 comunidades Kichwas, aún no ha definido su posición respecto al paro. Sus líderes han indicado que convocarán a una asamblea con sus bases para discutir el tema, aunque no se ha especificado una fecha o lugar para dicha reunión.
El contexto de esta desunión se encuentra en el trasfondo de la reciente política del gobierno ecuatoriano sobre el subsidio al diésel, que ha sido un tema candente en las discusiones entre las comunidades indígenas y el Estado. La Conaie ha argumentado que la eliminación del subsidio afectará gravemente a las comunidades, que dependen del transporte y otros servicios que utilizan este combustible. Sin embargo, las comunidades de Pastaza han decidido no involucrarse en el paro, lo que podría interpretarse como una falta de consenso sobre la estrategia a seguir.
El presidente Daniel Noboa enfrenta un panorama complicado, con desafíos tanto en las calles como en los despachos gubernamentales. La respuesta de las comunidades indígenas es crucial para entender cómo se desarrollarán las relaciones entre el gobierno y estos grupos en el futuro. Noboa ha indicado que se actualizarán los contratos con los transportistas y ha asegurado que los pasajes no aumentarán, lo que podría ser un intento de calmar las tensiones.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas en Ecuador. La falta de unidad entre las organizaciones indígenas puede debilitar su capacidad de respuesta ante las políticas estatales, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la movilización indígena en el país. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será fundamental observar cómo evolucionan las posturas de las diferentes comunidades y si se logrará un consenso que permita una respuesta más unificada ante los desafíos que enfrentan.
En este contexto, es importante seguir de cerca las decisiones que tomen las comunidades indígenas en las próximas semanas, así como la respuesta del gobierno a las demandas planteadas por la Conaie y otras organizaciones. La situación en Pastaza es un reflejo de las tensiones más amplias que existen en Ecuador entre el Estado y las comunidades indígenas, y cómo estas tensiones pueden influir en el futuro político del país.
