El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha tomado una decisión significativa al admitir a trámite una denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en contra de Leonidas Iza y otros miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta denuncia se origina en el contexto de la consulta popular de 2023, donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Conaie durante el proceso electoral.
### Contexto de la Denuncia
La denuncia fue presentada el 17 de octubre de 2025, y se basa en la supuesta falta de presentación de las cuentas de campaña por parte de la Conaie. Según el CNE, la organización no cumplió con la obligación de reportar los gastos e ingresos relacionados con su campaña a favor del ‘Sí’ en la consulta popular que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2023. Esta consulta buscaba mantener el crudo del bloque 43 del ITT bajo el subsuelo de manera indefinida, un tema que ha generado controversia y debate en el país.
Leonidas Iza, como representante legal de la Conaie, junto a Zenaida Yasacama, responsable del manejo económico, y Patricia Lalvay, jefa de campaña, son los principales denunciados en este caso. La falta de transparencia en la gestión de recursos durante la campaña electoral es un asunto serio que podría tener repercusiones legales significativas para los involucrados.
El TCE ha establecido un plazo de cinco días para que los denunciados respondan a la acusación. Además, se ha programado una audiencia oral de prueba y alegatos para el 13 de noviembre a las 09:00 en la sala de audiencias del TCE. Este proceso es crucial, ya que determinará si hay suficientes pruebas para continuar con el caso o si se desestimará la denuncia.
### Implicaciones de la Consulta Popular
La consulta popular de 2023 fue un evento clave en la política ecuatoriana, ya que abordó temas de gran relevancia para la población, especialmente en lo que respecta a la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente. La Conaie, como principal organización indígena del país, ha jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y en la lucha contra la explotación de recursos en sus territorios.
La decisión del TCE de admitir la denuncia podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la Conaie y de sus líderes. Si se determina que hubo irregularidades en la campaña, esto podría debilitar la confianza de la población en la organización y sus propuestas. Por otro lado, si los denunciados logran demostrar su inocencia y la legalidad de sus acciones, esto podría fortalecer su posición y credibilidad ante la ciudadanía.
La consulta popular también ha sido objeto de críticas y controversias, con diversas opiniones sobre su validez y el proceso electoral en general. La participación de veedores de diferentes partidos políticos, como Correinó, ADN y CREO, en la supervisión del referéndum, añade otra capa de complejidad a la situación. Estos veedores tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente, lo que es esencial para la legitimidad de los resultados.
La situación actual refleja un momento crítico en la política ecuatoriana, donde las tensiones entre las organizaciones indígenas, el gobierno y las instituciones electorales están a la orden del día. La resolución de esta denuncia no solo afectará a los involucrados directamente, sino que también tendrá repercusiones en el clima político del país y en la forma en que se manejan las futuras consultas populares y elecciones.
En resumen, la denuncia contra Leonidas Iza y la Conaie por parte del TCE es un desarrollo importante en el contexto electoral de Ecuador. A medida que se acerque la fecha de la audiencia, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué decisiones se tomarán en relación con la transparencia y la legalidad de las campañas electorales en el país.
