La reciente propuesta del presidente Daniel Noboa de reducir el número de asambleístas en Ecuador ha generado un intenso debate en la Asamblea Nacional. Este tema ha cobrado relevancia en el contexto político actual, donde se busca mejorar la calidad del trabajo legislativo y reducir el gasto público. La idea de disminuir el número de representantes por provincias ha sido bien recibida por algunos asambleístas, quienes consideran que podría ser una solución para optimizar el funcionamiento del órgano legislativo.
La propuesta de Noboa incluye un cuestionario que se presentará en una consulta popular programada para diciembre de 2025. Una de las preguntas más destacadas es: «¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?» Esta interrogante ha suscitado diversas opiniones entre los legisladores, quienes han expresado su apoyo o preocupación por las implicaciones que podría tener esta medida.
El asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), ha manifestado su apoyo a la propuesta, argumentando que el número actual de asambleístas es excesivo y que la reducción podría contribuir a disminuir la carga del Estado. Vera ha señalado que esta discusión ha estado presente en el PSC desde hace tiempo, y que la meta debe ser mejorar la eficiencia del trabajo legislativo. Por su parte, Mariana Yumbay, de Pachakutik, también ha expresado su acuerdo, sugiriendo que una menor cantidad de asambleístas podría fomentar un debate más profundo y la llegada de mejores perfiles al Parlamento.
Sin embargo, no todos los asambleístas están convencidos de que esta reducción sea la solución adecuada. Esteban Torres, de Acción Democrática Nacional (ADN), ha cuestionado la propuesta, señalando que plantea una consulta «antisistema» que podría desvirtuar la representación política de las provincias más pequeñas. La preocupación por la representatividad es un tema recurrente en este debate, ya que muchos temen que una reducción en el número de asambleístas pueda afectar los derechos políticos de ciertos sectores de la población.
La postura cautelosa de la Revolución Ciudadana (RC) también es notable. Ana Herrera, legisladora por Cotopaxi, ha indicado que es fundamental garantizar que la reducción no comprometa la representación de las provincias pequeñas. Este aspecto es crucial, ya que la diversidad en la representación es un pilar de la democracia ecuatoriana. La discusión sobre la reducción de asambleístas no solo se centra en el número, sino en cómo se garantizará que todas las voces sean escuchadas en el proceso legislativo.
El debate sobre la reducción de asambleístas en Ecuador refleja una tensión entre la necesidad de eficiencia en el gasto público y la importancia de mantener una representación adecuada en el Parlamento. A medida que se acerca la consulta popular, es probable que las opiniones se polaricen aún más, y que surjan nuevas propuestas y argumentos en torno a este tema. La forma en que se gestione esta discusión será fundamental para el futuro del sistema político ecuatoriano y para la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
En este contexto, es importante que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el debate. La consulta popular no solo es una oportunidad para expresar opiniones sobre la reducción de asambleístas, sino también para reflexionar sobre el papel que desempeña cada legislador en la vida política del país. La calidad de la representación política es un tema que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad, y la participación ciudadana es clave para lograr un cambio significativo.
La propuesta de Daniel Noboa ha abierto un espacio para la reflexión sobre la estructura del poder legislativo en Ecuador. La posibilidad de reducir el número de asambleístas plantea preguntas sobre la efectividad del sistema actual y la necesidad de adaptarlo a las realidades del país. A medida que se desarrollan las discusiones en la Asamblea Nacional, será crucial observar cómo se equilibran las diferentes perspectivas y cómo se busca llegar a un consenso que beneficie a todos los ecuatorianos. La forma en que se aborde este tema podría sentar un precedente importante para futuras reformas en el ámbito político y legislativo del país.
