El 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador se reunió para discutir y votar el informe del segundo y definitivo debate sobre el proyecto de Ley de Transparencia Social, presentado por el presidente Daniel Noboa como una medida económica urgente. Este proyecto ha generado un intenso debate entre las diferentes bancadas, especialmente entre los opositores y el gobierno, quienes han expresado preocupaciones sobre la inclusión de temas que no estaban en la propuesta original.
Las críticas más contundentes provienen de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que argumenta que la ley busca controlar y vigilar a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. La legisladora Liliana Durán ha calificado la propuesta como una nueva «Ley Trole», sugiriendo que se han añadido reformas a otras leyes que no tienen relación directa con el objetivo inicial del proyecto. Esta situación ha llevado a la oposición a cuestionar la transparencia y la intención detrás de la legislación.
### Implicaciones de la Ley de Transparencia Social
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la creación de nuevos impuestos que, según los críticos, afectarían negativamente a las empresas que optan por reinvertir sus utilidades. El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, ha señalado que la ley castiga a las empresas que deciden reinvertir sus ganancias, lo que podría desincentivar la inversión y el crecimiento empresarial. Por su parte, la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno, ha defendido la obligatoriedad del pago de impuestos sobre los dividendos, argumentando que muchas empresas no distribuyen sus utilidades ni pagan impuestos, lo que afecta la economía nacional.
Además, se ha revelado que las empresas han acumulado aproximadamente 29.000 millones de dólares en utilidades no repartidas durante más de una década, lo que ha llevado a la bancada del gobierno a justificar la necesidad de esta reforma como una medida para combatir el lavado de activos y la posible infiltración del crimen organizado en fundaciones y ONG.
El debate se ha intensificado con la inclusión de una transitoria en el proyecto que afecta directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta disposición establece que el IESS no podrá cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que no cumplan con sus obligaciones de pago. Serrano ha advertido que esta medida es inconstitucional, ya que los recursos de la seguridad social son distintos a los del fisco y no deben ser intervenidos por el Estado.
### Reacciones y Consecuencias Potenciales
La oposición ha manifestado su preocupación de que la ley, tal como está redactada, podría llevar a la persecución de líderes sociales y activistas, además de poner en riesgo la privacidad de los datos de los ciudadanos. La inclusión de reformas a otras leyes en el informe para el segundo debate ha sido vista como un intento de modificar el marco legal sin el debido proceso, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los legisladores.
El asambleísta Serrano ha enfatizado que la Constitución protege los recursos de la seguridad social y que cualquier intento de modificar esta protección sería un ataque directo a los derechos de los afiliados. La discusión sobre la ley ha puesto de manifiesto la polarización política en el país, donde las diferencias ideológicas entre el gobierno y la oposición se han vuelto más evidentes.
A medida que avanza el debate, se espera que la Asamblea Nacional tome una decisión sobre la ley en un futuro cercano. Sin embargo, la controversia en torno a la propuesta ha dejado claro que el camino hacia la aprobación de la Ley de Transparencia Social no será fácil. Las diferentes posturas sobre la regulación de las fundaciones y la imposición de nuevos impuestos reflejan las tensiones existentes en el panorama político ecuatoriano, donde la búsqueda de transparencia y control se enfrenta a las preocupaciones sobre la libertad de acción de las organizaciones sociales y el impacto en la economía del país.