El 23 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador se reunió en Quito para discutir la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un proyecto de ley que ha generado un intenso debate entre los diferentes bloques políticos. Esta es la sexta ley de carácter económico urgente que el presidente Daniel Noboa ha enviado al Legislativo desde que asumió el cargo en mayo de 2025. La propuesta, que ha sido analizada por la Comisión de Desarrollo Económico, busca establecer un marco legal que permita a las fuerzas del orden recibir donaciones de bienes y servicios, así como ofrecer incentivos fiscales a los donantes.
La ley, que consta de cuatro artículos y varias disposiciones, tiene como objetivo principal permitir que las fuerzas del orden reciban donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, con el fin de fortalecer su capacidad operativa en la lucha contra el crimen. A cambio, se propone una rebaja del Impuesto a la Renta para los donantes nacionales, que podría alcanzar hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución.
### Contexto del Proyecto de Ley
El contexto en el que se presenta esta ley es crítico. Según el asambleísta Diego Franco, quien lidera la Comisión de Desarrollo Económico, el crimen organizado ha evolucionado y ya no se trata de delincuencia común, sino de un poder paralelo que amenaza la seguridad del país. Franco destacó que en Ecuador, los casos de extorsión han aumentado un 205% y los secuestros un 193%, lo que subraya la necesidad de recursos adicionales para las fuerzas del orden.
El proyecto ha sido defendido por el bloque de ADN, que argumenta que la corresponsabilidad del sector privado es crucial en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, la oposición, liderada por el correísmo, ha criticado la propuesta, recordando que una iniciativa similar fue declarada inconstitucional en el pasado. Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana, advirtió que el gobierno no puede eludir su responsabilidad en la seguridad del Estado, escudándose en la «bondad y el altruismo» del sector privado.
### Reacciones y Críticas
El debate en la Asamblea ha estado marcado por la polarización. Mientras que algunos asambleístas ven la ley como una oportunidad para mejorar la seguridad, otros la consideran un intento de desviar la atención de la falta de inversión pública en las fuerzas del orden. Samaniego cuestionó la efectividad de la ley, argumentando que el gobierno ya ha incrementado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 3% bajo el argumento de que esos recursos se destinarían a fortalecer a las fuerzas del orden. «No existe información oficial, pero se estima que el gobierno ha recaudado unos USD 3.600 millones, y ahora nos dicen que las donaciones resolverán el problema», afirmó Samaniego.
El debate también ha puesto de relieve la preocupación por la transparencia en el uso de los recursos. La oposición ha exigido claridad sobre cómo se utilizarán las donaciones y si realmente contribuirán a mejorar la seguridad en el país. La falta de confianza en el manejo de los recursos públicos ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de la ley.
En medio de este clima de tensión, el asambleísta Diego Franco defendió la propuesta, argumentando que es un paso necesario para dotar a las fuerzas del orden de los recursos que necesitan para enfrentar el creciente desafío del crimen organizado. «La ley no es un perdón de impuestos, es una forma de incentivar la colaboración del sector privado en la lucha contra la inseguridad», afirmó Franco, buscando desmentir las acusaciones de la oposición.
La discusión sobre esta ley es un reflejo de la compleja situación de seguridad en Ecuador y de las diferentes visiones sobre cómo abordar el problema. Mientras algunos abogan por una mayor colaboración entre el sector público y privado, otros insisten en que la responsabilidad del Estado no puede ser delegada a actores externos. La votación final sobre la ley se espera en los próximos días, y su aprobación o rechazo podría tener un impacto significativo en la estrategia de seguridad del país.
