En un movimiento significativo hacia la depuración del sistema judicial ecuatoriano, el Consejo de la Judicatura ha tomado la decisión de destituir a cinco jueces por diversas infracciones graves. Esta acción, que se llevó a cabo el 31 de julio de 2025, es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la corrupción y restaurar la confianza en la justicia del país. Las sanciones no solo se limitan a los jueces destituidos, ya que otros siete funcionarios judiciales también han enfrentado consecuencias por sus acciones, lo que refleja un compromiso institucional con la integridad y la transparencia.
Las destituciones fueron el resultado de un análisis exhaustivo de informes técnicos y jurídicos que evidenciaron comportamientos inapropiados y decisiones judiciales cuestionables. Entre los casos más destacados se encuentra el de un juez de Cuenca que liberó a 28 presos condenados por delitos graves como asesinato y violación, lo que ha generado una gran preocupación en la sociedad ecuatoriana. Este tipo de decisiones ha llevado a la percepción de que el sistema judicial está en crisis, un tema que ha sido abordado por el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien ha señalado que el sistema judicial se encuentra al borde del colapso.
### Detalles de las Sanciones Impuestas
Las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura abarcan una variedad de infracciones, desde la emisión de certificaciones erróneas hasta la tardanza en la resolución de casos. A continuación, se detallan algunos de los funcionarios sancionados:
– **Y.E.G.S.**: Técnica del Consejo de la Judicatura, destituida por abandonar su puesto de trabajo en varias ocasiones.
– **S.A.M.Z. y G.A.R.S.**: Secretario ad hoc y funcionario en Guayas, multados por emitir una certificación errónea que resultó en el archivo indebido de un expediente.
– **M.L.L.V.**: Exdirectora provincial en Guayas, destituida por no remitir informes motivados de expedientes disciplinarios.
– **J.T.A.**: Juez penal en Quitumbe, multado por tardar seis meses en reducir una sentencia a escrito.
– **M.F.C.A.**: Jueza penal especializada en delitos de corrupción, destituida por inhibirse de conocer un caso de tráfico de drogas.
– **A.M.P.M.**: Jueza penal en Durán, destituida por desnaturalizar una acción de hábeas data.
– **C.M.S.C.**: Juez civil en Durán, multado por demorar en notificar una sentencia escrita.
– **J.P.V.Q.**: Ayudante judicial en Portoviejo, destituido por tardar más de un año en remitir un caso de alimentos.
– **V.A.M.P.**: Secretario penal en Machala, destituido por no agendar una audiencia de juzgamiento.
– **J.J.R.R.**: Juez penal en Chone, destituido por conceder medidas cautelares sin competencia territorial.
– **K.E.S.V.**: Procuradora judicial, multada por incurrir en una prohibición legal.
– **J.G.M.M.**: Juez de la Corte Provincial de Guayas, destituido por solicitar y recibir sobornos.
– **G.R.C.E.**: Juez de garantías penitenciarias en Cuenca, destituido por otorgar beneficios penitenciarios sin cumplir requisitos legales.
Estas sanciones son parte de una estrategia más amplia del Consejo de la Judicatura para restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar que los funcionarios actúen de acuerdo con la ley. La Judicatura ha enfatizado que todas las sanciones se han impuesto respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados.
### Contexto de la Crisis Judicial
La situación actual del sistema judicial en Ecuador ha sido objeto de debate y preocupación. La percepción de corrupción y la falta de confianza en la justicia han llevado a la necesidad de implementar medidas drásticas. La Policía Nacional ha expresado su inquietud por la cantidad de detenidos que han sido liberados tras decisiones judiciales cuestionables, lo que ha generado un clamor por reformas urgentes.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ha propuesto declarar en emergencia al sistema judicial, una medida que ha suscitado opiniones divididas entre diferentes sectores de la sociedad. Algunos apoyan la idea como una forma de abordar la crisis, mientras que otros la critican, argumentando que podría llevar a un aumento de la intervención política en el sistema judicial.
La situación es compleja y requiere un enfoque equilibrado que garantice la independencia del poder judicial mientras se implementan reformas necesarias para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema. La depuración de jueces y funcionarios es solo un primer paso en un proceso que debe incluir una revisión más amplia de las prácticas y procedimientos judiciales en el país.
La crisis judicial en Ecuador es un reflejo de problemas más profundos que afectan a la sociedad en su conjunto. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de un sistema judicial más justo y eficiente son desafíos que requerirán el compromiso de todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la ciudadanía.
