La situación política en Ecuador ha alcanzado un punto crítico, con tensiones entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional del país. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, ha expresado su preocupación por el impacto que estas tensiones pueden tener en el Estado de derecho. En una reciente conferencia, Satterthwaite abordó el decreto presidencial que convoca a una consulta popular para establecer una Asamblea Constituyente, un movimiento que podría reescribir la Constitución ecuatoriana sin la revisión necesaria por parte de la Corte Constitucional.
### La Convocatoria a una Asamblea Constituyente
El 20 de septiembre de 2025, el presidente Noboa anunció un decreto que busca abrir el camino para una Asamblea Constituyente. Este anuncio ha generado un gran revuelo, ya que se alega que el presidente actuó sin la revisión previa de la Corte Constitucional, un paso que es requerido por la legislación ecuatoriana. Satterthwaite enfatizó que cualquier intento de eludir este proceso no solo es ilegal, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas del país.
«Estoy escuchando noticias muy preocupantes», declaró Satterthwaite, refiriéndose a la situación actual. La relatora subrayó que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y que cualquier interferencia en el funcionamiento de la Corte Constitucional puede debilitar el sistema de pesos y contrapesos que protege a los ciudadanos de abusos de poder.
La situación se tornó aún más alarmante cuando la Corte Constitucional tuvo que evacuar durante una sesión de emergencia debido a una amenaza de bomba, mientras revisaba las demandas presentadas contra el decreto presidencial. Este incidente pone de manifiesto el clima de tensión y hostilidad que rodea a las instituciones judiciales en Ecuador.
### La Reacción de la Comunidad Internacional
La comunidad internacional ha estado atenta a los acontecimientos en Ecuador, especialmente a las declaraciones de Satterthwaite. La relatora hizo un llamado a todos los actores gubernamentales para que respeten y garanticen la independencia judicial. «La independencia judicial no es un privilegio para los jueces, es una condición fundamental del Estado de derecho y una salvaguarda para los derechos de todas las personas», afirmó.
Satterthwaite también expresó su preocupación por el contexto de creciente tensión, especialmente después de que la Corte suspendiera leyes clave impulsadas por el presidente Noboa. Estas leyes incluyen una marcha convocada por el gobierno contra la Corte y campañas que han calificado a los jueces como enemigos del pueblo. Este tipo de retórica puede tener consecuencias graves para la estabilidad democrática del país y para la percepción pública de la justicia.
La relatora concluyó su intervención enfatizando que, independientemente de las opiniones sobre decisiones judiciales específicas, es imperativo defender la independencia judicial frente a la intimidación y la injerencia indebida. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos eventos, ya que el futuro de la democracia en Ecuador podría depender de la capacidad de sus instituciones para operar sin interferencias políticas.
La crisis actual en Ecuador no solo es un desafío para el gobierno y la Corte Constitucional, sino también para la sociedad civil y los ciudadanos que dependen de un sistema judicial justo y equitativo. La advertencia de la ONU resuena como un recordatorio de la importancia de mantener la independencia judicial en tiempos de crisis política, y la necesidad de que todos los actores involucrados respeten el marco legal establecido para garantizar la estabilidad y el bienestar del país.
