La situación de desabastecimiento de medicinas e insumos médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha llevado a la institución a declarar una emergencia que ha generado múltiples cuestionamientos. Con un presupuesto de 96 millones de dólares, el IESS busca superar una crisis que ha afectado a miles de pacientes en el país. Sin embargo, el proceso de contratación por emergencia ha estado marcado por problemas internos y decisiones controvertidas que han puesto en tela de juicio la transparencia y la eficacia de las acciones emprendidas.
**El Proceso de Emergencia y sus Implicaciones**
El IESS, enfrentando una crisis de desabastecimiento, lanzó un proceso de contratación de emergencia que ha sido objeto de críticas desde su inicio. La primera resolución de emergencia fue firmada el 19 de septiembre de 2025 por el director general del IESS, Francisco Abad. Sin embargo, esta resolución no logró obtener el respaldo del Consejo Directivo, lo que generó un ambiente de incertidumbre y desconfianza dentro de la institución.
A pesar de que el IESS ha solicitado ofertas para 216 procesos de contratación, la falta de justificación adecuada para la emergencia ha sido un punto de fricción. Según documentos internos, la Procuraduría Jurídica del IESS recomendó que la resolución fuera elevada al Consejo Directivo para su conocimiento y resolución, dado que la ley establece que cualquier contrato que supere el 0.0002% del presupuesto general del Estado requiere autorización del Consejo. Este umbral, en 2025, corresponde a aproximadamente 7.2 millones de dólares.
La falta de apoyo por parte de las vocales de los empleadores y de los afiliados en el Consejo Directivo dejó a Abad en una posición complicada, ya que la justificación de la emergencia no cumplía con los requisitos legales establecidos. A pesar de esto, el IESS continuó adelante con el proceso de contratación, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de las decisiones tomadas.
**Cambios en la Justificación de la Emergencia**
A medida que la crisis se intensificaba, el IESS emitió un nuevo informe técnico el 25 de septiembre, cambiando la narrativa sobre la necesidad de la emergencia. En lugar de enfocarse en el desabastecimiento de medicamentos, el informe argumentó que había un incremento extraordinario e imprevisible en la demanda de servicios de salud, lo que superó la capacidad de respuesta institucional. Este cambio en la justificación ha sido criticado por no abordar las causas subyacentes del desabastecimiento, lo que plantea dudas sobre la sinceridad de la declaración de emergencia.
El 26 de septiembre, Abad emitió una nueva resolución que ratificaba la emergencia, pero también incluía la necesidad de priorizar las necesidades de grupos de atención prioritaria. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la falta de comunicación con el Consejo Directivo continuó siendo un problema. Funcionarios del IESS han confirmado que las resoluciones emitidas no fueron puestas en conocimiento del Consejo, lo que ha llevado a acusaciones de falta de transparencia y posible abuso de poder.
La situación se complicó aún más con la destitución de Mercy Maldonado, vocal de los afiliados, quien fue cesada tras una inhabilitación por parte de la Superintendencia de Bancos. Su destitución ha sido interpretada por muchos como un intento de silenciar voces críticas dentro del IESS, lo que ha generado un clima de desconfianza y temor entre los empleados y afiliados.
**La Reacción de la Sociedad y la Llamada a la Transparencia**
La crisis en el IESS ha despertado la preocupación de la sociedad civil y de organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción, que han señalado que la falta de transparencia en el proceso de contratación es alarmante. La convocatoria pública para la conformación de una veeduría ciudadana, lanzada semanas después de que la emergencia ya estaba en marcha, ha sido vista como un intento tardío de cubrir lo actuado y de dar una apariencia de legalidad a un proceso que ha estado marcado por la opacidad.
La situación actual del IESS es un reflejo de las deficiencias en la planificación institucional y la gestión de recursos en el sector salud. La falta de medicamentos e insumos médicos ha llevado a miles de pacientes a enfrentar situaciones críticas, y la respuesta del IESS ha sido cuestionada por su falta de claridad y efectividad. La crisis no solo afecta a los pacientes, sino que también pone en riesgo la credibilidad de la institución y la confianza de los afiliados en el sistema de salud pública.
A medida que el IESS continúa con su proceso de emergencia, la presión por parte de la sociedad civil y los organismos de control se intensifica. La necesidad de una gestión transparente y responsable es más urgente que nunca, ya que la salud de miles de ecuatorianos depende de las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas.
