La situación de violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en la provincia de Guayas, donde recientes atentados han puesto en jaque la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa. Desde su llegada al poder en mayo de 2025, Noboa ha implementado una serie de medidas extraordinarias, incluyendo la declaración de estados de excepción, en un intento por controlar la creciente ola de criminalidad que azota al país.
**Medidas de Emergencia y Estados de Excepción**
Desde su asunción, el presidente Noboa ha decretado tres estados de excepción y ha renovado esta medida en varias ocasiones, afectando a 16 provincias. En particular, Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí han sido declaradas en estado de excepción debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. En el caso de Guayas, los ciudadanos han vivido 119 días bajo este régimen en los últimos 145 días de gobierno. Esta situación se ha visto exacerbada por dos recientes atentados con explosivos: uno frente al edificio 100 Business Plaza en Guayaquil y otro en el puente Churute, en la vía Puerto Inca Naranjal. Estos incidentes han elevado la preocupación sobre la seguridad pública y han llevado al gobierno a justificar la renovación del estado de excepción por 30 días, argumentando que Guayas es la provincia con el mayor número de emergencias relacionadas con delitos violentos.
Las cifras son preocupantes. En septiembre, se registraron 4,088 emergencias relacionadas con la violencia en Guayas, lo que representa el 65.8% de los incidentes violentos en las cuatro provincias bajo el Decreto 175. Este aumento en la violencia ha llevado a Noboa a movilizar a miles de efectivos militares y policiales para hacer frente a la crisis, destacando la capacidad del gobierno para desplegar fuerzas en respuesta a la inseguridad.
**Desafíos Legales y Reformas Fallidas**
A pesar de las medidas drásticas, el gobierno de Noboa ha enfrentado serios obstáculos legales. Desde el inicio de su mandato, ha intentado modificar el marco jurídico para fortalecer su estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, varias de sus reformas han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. La Ley de Solidaridad Nacional, que buscaba establecer un marco para actuar durante un conflicto armado no internacional, fue una de las primeras en caer. Esto obligó al gobierno a retroceder en varias de sus acciones, incluyendo incautaciones y detenciones, lo que ha limitado su capacidad para actuar de manera efectiva contra el crimen.
La situación se complicó aún más con la caída de otras reformas penales que el oficialismo había incluido en la Ley de Integridad Pública. La Corte ha modulado los estados de excepción, lo que ha llevado a Noboa a buscar nuevas formas de alterar el funcionamiento de la institución judicial, aunque sin éxito. En un intento por ganar apoyo popular, el presidente ha propuesto una nueva asamblea constituyente y un referendo para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, culpando a los jueces de la crisis de inseguridad.
Además de las reformas legales, el gobierno ha implementado diversas acciones para mejorar la seguridad. Se han inaugurado Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en varias localidades y se han implementado códigos QR en locales de Guayaquil para facilitar el registro de denuncias. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue siendo cuestionada, dado el contexto de violencia que persiste en el país.
**La Respuesta Militar y Policial**
El gobierno ha optado por un enfoque militarizado para enfrentar la crisis de seguridad. Desde el traslado temporal de las comandancias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a Guayaquil, hasta la movilización de miles de efectivos para operaciones de seguridad, la estrategia de Noboa ha sido clara: mostrar una respuesta contundente ante el crimen organizado. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas sobre la militarización de la seguridad pública y la falta de un plan integral que aborde las causas profundas de la violencia.
En medio de esta crisis, el gobierno ha destacado que ha logrado capturar al 80% de los objetivos de alto y medio valor en su lucha contra el crimen. Sin embargo, la percepción de inseguridad entre la población sigue siendo alta, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias implementadas. Las marchas por la paz organizadas por el gobierno en Quito y Guayaquil buscan mostrar un compromiso con la seguridad, pero la realidad en las calles cuenta una historia diferente.
La crisis de violencia en Ecuador es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multifacético. Las medidas de emergencia y la respuesta militar son solo una parte de la solución. La falta de un marco legal sólido y la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia son aspectos que el gobierno deberá considerar si realmente busca una solución duradera a esta crisis.
