La reciente crisis de agua potable en las urbanizaciones de La Aurora y La Puntilla, ubicadas en la provincia del Guayas, ha desatado una ola de indignación entre los ciudadanos. Desde el sábado 19 de julio hasta el lunes 21, los residentes de estas áreas han enfrentado cortes prolongados del suministro de agua, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a abrir una investigación formal para determinar si se han vulnerado los derechos humanos relacionados con el acceso al agua.
**Interrupciones Inesperadas y Malestar Ciudadano**
La situación comenzó el sábado 19 de julio, cuando la empresa Amagua, responsable del servicio de agua potable y alcantarillado en La Aurora y La Puntilla, anunció un corte programado entre las 11:00 y las 17:00 para realizar trabajos de mantenimiento técnico. Sin embargo, los usuarios se quejaron de que el servicio no se restableció a tiempo, extendiéndose la suspensión por al menos ocho horas más.
El domingo 20 de julio, la situación se agravó cuando se registró un nuevo corte, esta vez sin previo aviso. Los residentes reportaron que el suministro fue interrumpido desde aproximadamente las 15:00 hasta las 17:00. Para el lunes 21, la situación seguía siendo irregular, con muchos ciudadanos alertando en redes sociales sobre la falta total de agua o la presencia de baja presión. Mensajes como «hoy amanece nuevamente sin agua en el sector de vía Samborondón-La Aurora» se hicieron eco en plataformas digitales, reflejando el descontento generalizado.
**Investigación de la Defensoría del Pueblo**
Ante la creciente presión de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo, a través de su delegación en Guayas, decidió iniciar una investigación oficial. En un documento dirigido a Amagua, EMAPA-EP Daule y el Municipio de Daule, la institución exigió un informe detallado en un plazo de tres días hábiles. Este informe debe incluir información sobre las causas de la suspensión, si hubo comunicación previa a la ciudadanía, el plan de contingencia aplicado, las acciones para restablecer el servicio y los plazos estimados, así como posibles medidas de compensación a la comunidad afectada.
Gonzalo Ortega, delegado de la Defensoría, enfatizó que «la entidad tiene la obligación de reparar y brindar un servicio público continuo». Recordó que el acceso al agua es un derecho garantizado en la Constitución del Ecuador, específicamente en los artículos 12, 52 y 66, lo que subraya la importancia de que las autoridades respondan adecuadamente a esta crisis.
**Respuesta de Amagua y Situación Actual**
A las 09:00 del lunes, Amagua emitió un comunicado en el que explicó que, durante los trabajos del corte programado del sábado, se identificaron fugas adicionales en otros tramos del sistema. Esto obligó a la empresa a ejecutar un corte de emergencia para evitar daños mayores. En el comunicado, Amagua aseguró que sus equipos estaban trabajando de manera continua para atender ambas situaciones y que el restablecimiento total del servicio estaba previsto para las 11:00 del mismo día.
Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, la situación seguía siendo incierta. A mediodía, el equipo de comunicación de Amagua confirmó que el sistema se encontraba operativo, aunque advirtió que se estaban llenando tuberías y reservorios, y realizando purga y limpieza para evitar inconvenientes en el restablecimiento. Se indicó que algunas zonas podrían seguir experimentando baja presión en las horas siguientes.
El último comunicado oficial previo al corte fue emitido el jueves 17 de julio, cuando se anunció la suspensión programada para el sábado 19. No hubo nuevos anuncios durante el fin de semana, a pesar de la extensión de las afectaciones, lo que ha generado un descontento generalizado entre los ciudadanos.
**Sectores Más Afectados y Reacciones Ciudadanas**
Los reportes ciudadanos indican que todo el sector de La Aurora fue severamente afectado, mientras que en La Puntilla, el corte impactó desde Isla Mocolí en adelante. La falta de comunicación oficial oportuna ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de los residentes. La comunidad de La Aurora, a través de su cuenta en redes sociales, expresó que la Defensoría del Pueblo ha «escuchado las inquietudes» del sector y ha exigido explicaciones a las autoridades responsables.
La crisis de agua en Daule y Samborondón no solo ha puesto de manifiesto la fragilidad de los servicios básicos en la región, sino que también ha resaltado la necesidad de una comunicación más efectiva entre las autoridades y la ciudadanía. La respuesta de Amagua y la investigación de la Defensoría del Pueblo serán cruciales para determinar las responsabilidades y garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
