El proceso para la instalación de una Asamblea Constituyente en Ecuador, impulsado por el presidente Daniel Noboa, ha comenzado oficialmente. Este proceso, que incluye la redacción de una nueva Constitución, se prevé que tenga un costo significativo, estimado en más de USD 200 millones. La consulta popular, programada para el 16 de noviembre de 2025, es el primer paso en este complejo proceso, y los gastos asociados aumentarán dependiendo de los resultados.
### Gastos Iniciales y Proyecciones
El gasto más considerable proviene de las tres elecciones necesarias para llevar a cabo la redacción de la nueva Constitución. Se estima que estos gastos podrían superar los USD 180 millones. La consulta popular, que ya ha sido convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene un presupuesto fijado de aproximadamente USD 60 millones. Este monto ya cuenta con certificaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas, lo que garantiza su disponibilidad.
Si el resultado de la consulta popular es favorable, el CNE deberá convocar a una segunda elección para elegir a los 80 legisladores que formarán parte de la Asamblea Constituyente. Este proceso es más complejo que la consulta inicial, ya que implica la inscripción y calificación de candidaturas, así como una campaña electoral para dar a conocer a los postulantes. Por lo tanto, se prevé que esta elección cueste más de USD 60 millones.
Una vez que la Asamblea Constituyente complete la redacción de la nueva Constitución, se llevará a cabo una tercera elección para ratificar el texto. Esta etapa también requerirá una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre el nuevo texto constitucional, lo que podría incrementar los costos en más de USD 60 millones. En resumen, solo en los tres procesos electorales, el presupuesto podría superar los USD 180 millones, una cifra considerablemente mayor a la de la Constituyente de 2007-2008, que tuvo un costo de USD 17 millones para su primera consulta popular.
### Costos Operativos y Personal
Además de los gastos electorales, la instalación y funcionamiento de la nueva Asamblea Constituyente también generará costos significativos. Aunque aún no se tienen cifras exactas, se pueden hacer estimaciones basadas en la experiencia de la Asamblea Constituyente anterior. En 2007-2008, esta institución funcionó con 130 asambleístas durante 11 meses, y los gastos totales ascendieron a USD 28,8 millones, excluyendo la construcción de la sede en Montecristi.
El principal gasto en esa ocasión fueron los salarios del personal, que alcanzaron los USD 21 millones. En el nuevo proceso, se estima que solo el sueldo de los 80 asambleístas podría llegar a USD 500.000 mensuales. Si la Asamblea funciona durante seis meses, esto representaría un gasto de aproximadamente USD 3 millones, y si se extiende a ocho meses, el costo podría aumentar a USD 4 millones.
Además, cada asambleísta requerirá al menos un asesor y un asistente, lo que sumaría otros USD 500.000 mensuales. También se deben considerar los costos de personal para las ocho mesas legislativas, que incluirían un secretario, un asesor y un asistente, sumando otros USD 100.000 mensuales. En total, el gasto mínimo en personal podría superar los USD 10 millones si la Asamblea opera durante seis meses, y más de USD 13 millones si se extiende a ocho meses.
Los gastos adicionales que se podrían presentar incluyen costos fijos como limpieza y servicios básicos de la sede, adquisición de computadoras, pólizas de seguros para el personal, y gastos de movilización y vivienda para aquellos que no residan en la sede de la Asamblea. En la experiencia anterior, se contrató también servicios de alimentación y transporte, lo que podría repetirse en esta nueva etapa.
La sede de la nueva Asamblea aún no ha sido determinada, y el CNE será el encargado de decidir su ubicación. Esto es relevante, ya que si la sede se establece fuera de Quito, los gastos de movilización y vivienda podrían ser necesarios para la mayoría de los legisladores y sus equipos.
En resumen, el proceso para la creación de una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador no solo implica un gasto electoral significativo, sino que también plantea desafíos operativos y logísticos que deben ser considerados cuidadosamente. La magnitud de estos costos y la complejidad del proceso subrayan la importancia de una planificación adecuada y una gestión eficiente de los recursos públicos.
