La política ecuatoriana se encuentra en el centro de una nueva controversia tras la queja presentada contra la asambleísta Mireya Pazmiño, quien ha sido acusada de utilizar un lenguaje despectivo hacia su colega Andrés Castillo. Este incidente ha llevado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a calificar la queja como procedente, lo que podría resultar en sanciones para Pazmiño. La situación ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y las normas de conducta dentro de la Asamblea Nacional.
### La Queja y sus Implicaciones
El 20 de junio de 2025, el CAL decidió tramitar la queja presentada por el legislador Andrés Castillo, quien argumentó que las declaraciones de Pazmiño, en las que la calificó de «fascista», son un ataque directo a su integridad y a su papel como representante del pueblo. Castillo, quien pertenece al partido ADN, sostiene que este tipo de acusaciones no solo son dañinas a nivel personal, sino que también afectan la imagen de la Asamblea y la confianza del público en sus representantes.
La queja se basa en un incidente ocurrido el 12 de junio, cuando Pazmiño realizó sus declaraciones en las afueras de la Comisión de Seguridad Integral. En su defensa, la asambleísta ha argumentado que su comentario fue una expresión de su opinión política y que no debería ser objeto de sanción. Sin embargo, el CAL ha decidido notificar a Pazmiño para que presente su respuesta en un plazo de tres días, lo que podría llevar a una posible sanción.
Este tipo de situaciones no son nuevas en el ámbito político ecuatoriano. La Asamblea ha sido escenario de múltiples conflictos entre sus miembros, muchos de los cuales han terminado en sanciones o en la creación de un ambiente hostil que dificulta el trabajo legislativo. La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto se puede ejercer la libertad de expresión dentro de un cuerpo legislativo sin que esto conlleve consecuencias?
### Sanciones y Normativas en la Asamblea
El caso de Mireya Pazmiño no es aislado. Recientemente, otro legislador, Ronal González, también del correísmo, fue sancionado con 60 días de suspensión sin sueldo por un incidente similar. González había ingresado al Pleno con un megáfono, lo que fue considerado una falta grave según el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Este artículo establece que las faltas administrativas graves pueden resultar en sanciones que van desde la suspensión de entre nueve a treinta días, hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La normativa que regula el comportamiento de los asambleístas es clara, pero su aplicación puede ser subjetiva y depender de la interpretación de los miembros del CAL. Esto ha llevado a críticas sobre la falta de consistencia en la aplicación de las sanciones y a cuestionamientos sobre si estas medidas son efectivas para mantener el orden y la decencia en el debate legislativo.
El hecho de que dos miembros del correísmo enfrenten sanciones en un corto período ha generado especulaciones sobre si hay un patrón de comportamiento que se está sancionando o si se trata de un intento de silenciar voces disidentes dentro de la Asamblea. La situación plantea un dilema: ¿es necesario establecer límites en la libertad de expresión para preservar la integridad del proceso legislativo?
### La Reacción del Público y el Futuro Político
La controversia ha captado la atención del público y ha generado un debate en redes sociales sobre la libertad de expresión y el respeto en el ámbito político. Muchos ciudadanos expresan su preocupación por el clima de hostilidad que se ha generado en la Asamblea, mientras que otros defienden la necesidad de mantener un estándar de respeto y profesionalismo entre los legisladores.
La reacción del público podría influir en el futuro político de Mireya Pazmiño y de otros asambleístas que se encuentren en situaciones similares. La presión social puede ser un factor determinante en la forma en que el CAL maneja este tipo de quejas y en cómo se percibe la labor legislativa en general.
A medida que la política ecuatoriana continúa evolucionando, es probable que este tipo de incidentes se repitan. La forma en que se resuelvan estas controversias podría tener un impacto significativo en la confianza del público en sus representantes y en la efectividad del sistema legislativo en su conjunto. La situación actual es un recordatorio de que la política no solo se trata de leyes y regulaciones, sino también de la forma en que los representantes se comunican y se relacionan entre sí y con el público.
