La Ley de Integridad Pública ha generado un intenso debate en Ecuador, especialmente tras la reciente audiencia telemática presidida por el juez José Luis Terán. Este evento, que tuvo lugar el 27 de agosto de 2025, se centró en 26 demandas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, la cual ha sido objeto de críticas por su contenido y el proceso legislativo que la llevó a su aprobación. La ley, que busca implementar reformas significativas en la contratación pública y el servicio público, ha sido vista por muchos como un intento del gobierno de consolidar su poder a expensas de derechos fundamentales.
Las demandas presentadas por sindicatos, gremios y ciudadanos individuales argumentan que la Ley de Integridad Pública no solo es inconstitucional en su forma, sino también en su fondo. Los demandantes sostienen que la Asamblea Nacional violó el debido proceso al mezclar temas inconexos en una sola norma, lo que contradice el principio de unidad de materia. Este principio establece que cada ley debe tratar un solo tema, lo que permite un debate más claro y enfocado. Sin embargo, en este caso, se incluyeron reformas penales, monetarias y hasta modificaciones al Código de la Niñez, lo que ha llevado a acusaciones de que la ley es una “caja de sastre” que busca abarcar todo tipo de reformas bajo un mismo paraguas.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la modificación de la estabilidad laboral de los servidores públicos, que ahora dependerá de su «excelencia» en evaluaciones. Esto ha generado preocupación entre los funcionarios, quienes temen que esta medida pueda ser utilizada para despedir a empleados sin justificación adecuada. Además, la ley ha eliminado la compensación por retiro voluntario para aquellos que se encuentren entre los 60 y 65 años, aunque el gobierno se vio obligado a retroceder en esta decisión tras la presión de los sindicatos.
### Demandas y Argumentos en Contra de la Ley
Los demandantes han presentado argumentos sólidos en contra de la Ley de Integridad Pública, señalando que su aprobación fue un proceso viciado. Según los abogados que representan a los demandantes, la Asamblea Nacional no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios para la aprobación de la ley. En particular, se ha criticado que ciertos legisladores no pudieron participar en el debate, lo que limita la representación democrática en el proceso legislativo.
Uno de los aspectos más alarmantes de la ley es la inclusión de un nuevo régimen penal para los menores de edad. Este cambio ha sido calificado como una violación de los derechos de los niños y una regresión en los avances logrados en materia de derechos humanos. Los demandantes argumentan que esta reforma no tiene relación con la estabilidad fiscal, lo que plantea dudas sobre su inclusión en una ley que se presenta como económica y urgente.
Además, la ley impone nuevas evaluaciones a los servidores públicos, lo que podría llevar a una mayor precariedad laboral. Los críticos advierten que esto podría abrir la puerta a la arbitrariedad en la administración pública, donde los funcionarios podrían ser despedidos sin un proceso justo. La incertidumbre sobre la estabilidad laboral ha generado un clima de temor entre los empleados del sector público, quienes ven en estas reformas una amenaza a sus derechos adquiridos.
Otro punto de controversia es la reforma que obliga a las cooperativas a convertirse en bancos. Esta medida ha sido calificada como una «cura improvisada para un mal diagnóstico» y ha suscitado críticas por su impacto en la libertad de asociación y el pluralismo económico. Los demandantes argumentan que esta reforma desnaturaliza el propósito colectivo de las cooperativas y desconoce el sistema económico establecido por la Constitución.
### Reacciones y Futuro de la Ley
La audiencia telemática ha sido un espacio crucial para que los demandantes expongan sus argumentos. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de presentar su caso durante 10 minutos, mientras que las autoridades que defienden la ley contaron con 20 minutos para argumentar a favor de su constitucionalidad. Este formato ha permitido un intercambio de ideas que podría influir en la decisión final de la Corte Constitucional.
El futuro de la Ley de Integridad Pública es incierto. Con 26 demandas en curso y más de 25 causas acumuladas, la Corte Constitucional se enfrenta a un desafío significativo. La decisión que tome podría sentar un precedente importante sobre la forma en que se legisla en el país y la protección de los derechos de los ciudadanos. La presión de los sindicatos y la sociedad civil para que se declare la inconstitucionalidad de la ley es palpable, y muchos esperan que la Corte actúe en defensa de los derechos fundamentales que, según ellos, están en juego.
A medida que avanza el proceso, la atención se centra en cómo el gobierno responderá a estas críticas y si estará dispuesto a modificar la ley en función de las demandas de la ciudadanía. La situación actual refleja un momento crítico en la política ecuatoriana, donde la lucha por la justicia y la transparencia en el proceso legislativo se ha vuelto más relevante que nunca.
