En un ambiente de tensión política, Quito se convirtió en el escenario de una marcha convocada por el Gobierno de Daniel Noboa el 12 de agosto de 2025. La manifestación, que tenía como objetivo expresar el apoyo del Ejecutivo hacia ciertas leyes, se vio envuelta en una controversia significativa debido a la aparición de pancartas que mostraban los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Este hecho ha generado un debate intenso en las redes sociales y ha atraído la atención de organismos internacionales de derechos humanos.
### La Marcha y las Pancartas Controversiales
La marcha, que se llevó a cabo en varias calles de Quito, fue acompañada por la exhibición de grandes pancartas que llevaban la imagen de los magistrados de la Corte Constitucional. Una de las pancartas más llamativas decía: «Estos son los jueces que nos están robando la paz», lo que provocó una ola de reacciones en las plataformas digitales. La aparición de estas pancartas no solo fue un acto de protesta, sino que también se interpretó como un ataque directo a la independencia judicial del país.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, fue una de las voces más críticas ante esta situación. En su cuenta de Twitter, Goebertus expresó su preocupación por los ataques a los jueces, señalando que estos actos son inaceptables y ponen en riesgo el Estado de derecho. Su mensaje resonó entre muchos usuarios que también condenaron la estigmatización de los magistrados, resaltando la importancia de la independencia judicial en una democracia.
El Gobierno, a través de su vocera Carolina Jaramillo, se distanció de la campaña de pancartas, afirmando que no había relación entre el Ejecutivo y la aparición de las vallas. Jaramillo insistió en que la marcha no estaba financiada con fondos públicos y que los ciudadanos asistieron de manera voluntaria. Sin embargo, esta declaración no logró calmar las críticas, ya que muchos cuestionaron la falta de control del Gobierno sobre la narrativa que se estaba promoviendo en las calles.
### Reacciones del Gobierno y la Defensa de los Jueces
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se mostró a favor de la exposición de los rostros de los jueces, argumentando que estos deben rendir cuentas a la ciudadanía. Loffredo afirmó que los magistrados tienen la responsabilidad de explicar sus decisiones, especialmente aquellas que afectan a la población. Esta postura del ministro ha sido vista como un respaldo a la campaña de desprestigio contra la Corte, lo que ha intensificado la polarización en el país.
La manifestación y las pancartas se produjeron en un contexto en el que la Corte Constitucional había decidido suspender parcialmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional y Servicio Público, las cuales habían sido enviadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea. Esta decisión judicial fue interpretada por el Ejecutivo como un obstáculo a su agenda política, lo que llevó a Noboa a convocar la marcha como una forma de presión sobre la Corte.
La situación en Ecuador refleja una lucha de poder entre el Ejecutivo y el sistema judicial, donde las decisiones de la Corte son vistas como un desafío a la autoridad del Gobierno. La manifestación del 12 de agosto no solo fue un evento político, sino también un reflejo de la creciente tensión entre diferentes ramas del poder en el país. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan las narrativas del Gobierno y las críticas de la oposición y organismos internacionales.
La controversia en torno a las pancartas y la marcha del Gobierno ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia ecuatoriana y la importancia de la independencia judicial. A medida que la situación se desarrolla, es probable que continúen las reacciones tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro político del país. La atención de la comunidad internacional se centra ahora en cómo el Gobierno manejará esta crisis y si tomará medidas para garantizar la protección de la independencia judicial en Ecuador.
