La situación del alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, ha captado la atención de la opinión pública en Ecuador debido a su detención en la Cárcel de Mujeres de Ambato, donde se encuentra bajo investigación por un caso de peculado. La defensa de Arroyo sostiene que existen actas de donaciones de las plantas que originaron el proceso penal, mientras que su madre ha iniciado una huelga de hambre en apoyo a su hijo. Este caso ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la ética en la política ecuatoriana, así como sobre el uso de la legislación relacionada con la identidad de género.
La detención de José Arroyo, que lleva ya nueve días en prisión, se enmarca en un caso conocido como Ornato Municipal. Inicialmente, fue recluido en la Casa de Confianza de Chillogallo, pero posteriormente fue trasladado a la cárcel de mujeres, lo que ha suscitado críticas por parte de organizaciones LGBTI+. Estas organizaciones han acusado a Arroyo de aprovechar la legislación que permite el cambio de sexo para evitar ser encarcelado en una prisión de hombres. La cédula de identidad que registra a Arroyo como mujer fue emitida en octubre de 2024, justo cuando ya estaba bajo investigación por corrupción. Sin embargo, su abogado, David Meza, argumenta que el cambio de sexo se realizó antes de esa fecha, aunque no ha podido presentar la documentación que lo respalde.
La controversia se intensifica al considerar que, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la paridad de género debe ser respetada en los concejos municipales. Esto significa que si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer, y viceversa. En mayo de 2023, Raúl Arroyo fue elegido vicealcalde, lo que, según la defensa, implica que José Arroyo ya había registrado su cambio de sexo en ese momento. Sin embargo, la situación política en Pujilí ha cambiado, y en 2025, la vicealcaldesa elegida fue Delfina Chusín, lo que ha generado más dudas sobre la aplicación de la paridad de género en el cantón.
El caso de peculado en el que se encuentra involucrado José Arroyo se basa en denuncias realizadas por Raúl Arroyo y otras concejalas. Se alega que durante su campaña electoral, el alcalde sembró palmeras en Pujilí y afirmó que estas plantas fueron donadas por organizaciones LGBTI+ internacionales. Sin embargo, una vez en el cargo, su administración lanzó un proceso de contratación por un monto de USD 54,000 para adquirir las mismas plantas, además de otros contratos por un total de más de USD 260,000. La defensa argumenta que la Fiscalía solo ha presentado copias simples de los contratos y que no se ha demostrado la transferencia de fondos públicos, lo que es esencial para establecer el delito de peculado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el abogado Meza enfatizó que el delito de peculado es un tipo penal de resultados, y hasta el momento no se ha realizado ninguna pericia sobre las contrataciones. Además, ha señalado que el Ministerio Público no ha convocado a ninguna pericia o versión desde la formulación de cargos, lo que pone en duda la solidez del caso en su contra. A pesar de las acusaciones, Meza asegura que Arroyo posee las actas de las donaciones de las plantas, aunque aún no ha podido presentarlas debido a que está en proceso de recabar la información necesaria para su defensa.
La situación se complica aún más con la huelga de hambre iniciada por Eugenia Cabrera, madre de José Arroyo, quien ha declarado la inocencia de su hijo y ha exigido su liberación. En una manifestación en favor de Arroyo, Cabrera afirmó que durante el allanamiento a su vivienda, las autoridades solo encontraron un teléfono y un chip antiguo, contradiciendo las afirmaciones de que se habían hallado numerosos documentos incriminatorios. La madre del alcalde ha manifestado que su huelga de hambre continuará hasta que su hijo sea liberado «sano y salvo». Esta medida ha generado tensiones en la Gobernación de Cotopaxi, donde se han reportado actos de violencia durante las manifestaciones en apoyo a Arroyo.
El caso de José Arroyo no solo pone en tela de juicio la gestión del alcalde y las acusaciones de corrupción, sino que también abre un debate más amplio sobre la identidad de género y su uso en el ámbito político. La situación ha polarizado a la opinión pública, con defensores y detractores que argumentan sobre la legalidad y la ética de las acciones de Arroyo. A medida que avanza el proceso judicial, la atención se centrará en cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué implicaciones tendrá este caso para la política en Pujilí y en Ecuador en general.
