La situación política en Ecuador se ha intensificado en los últimos días, especialmente en lo que respecta a la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El 13 de agosto de 2025, el secretario general Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, presentó un oficio a la Corte Constitucional solicitando el diferimiento de la audiencia programada para el 18 de agosto, donde se discutirían las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta solicitud se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el poder judicial, lo que ha llevado a la Asamblea Nacional a unirse a la petición de ampliar los plazos para responder a las demandas en cuestión.
La Corte Constitucional ha sido objeto de críticas por parte de la Asamblea, que sostiene que los plazos establecidos para presentar defensas son excesivamente cortos. Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Legislativo tiene un plazo de 15 días para preparar su defensa. Sin embargo, en el caso específico de la demanda 52-25-IN, este plazo se ha reducido a solo siete días, y en otras dos demandas, a tan solo tres días. Esta reducción de plazos, que puede llegar a ser de hasta 12 días menos de lo estipulado, ha generado preocupación en la Asamblea, que argumenta que limita la capacidad de elaborar una respuesta técnica adecuada y exhaustiva.
### La Marcha del Presidente y su Impacto en la Relación con la Corte
El contexto de esta solicitud se ve agravado por una marcha que tuvo lugar el 12 de agosto, encabezada por el presidente Daniel Noboa, ministros y asambleístas, hacia la sede de la Corte Constitucional. Esta movilización fue interpretada como un intento de presionar al poder judicial y demostrar el apoyo del Ejecutivo a la Corte. Sin embargo, también ha suscitado interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la capacidad del Legislativo para actuar sin interferencias externas.
El presidente Noboa ha manifestado su intención de defender la constitucionalidad de las normas demandadas, argumentando que es fundamental para el país contar con un marco legal sólido y respetado. Sin embargo, la Asamblea ha expresado su preocupación de que la reducción de plazos para presentar defensas puede resultar en decisiones apresuradas y potencialmente injustas.
La Ley Orgánica de Integridad Pública, que está en el centro de esta controversia, ha sido objeto de críticas y apoyo en igual medida. Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para combatir la corrupción y promover la transparencia en el gobierno. Por otro lado, los opositores sostienen que ciertas disposiciones de la ley pueden ser inconstitucionales y vulnerar derechos fundamentales.
### Reacciones y Consecuencias Potenciales
La situación ha generado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Algunos analistas advierten que la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional podría tener repercusiones negativas en la estabilidad política del país. La percepción de que el gobierno está intentando influir en el poder judicial podría erosionar la confianza pública en las instituciones y en el sistema democrático en general.
Por su parte, la Asamblea Nacional ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la reducción de plazos y su impacto en la defensa de las leyes en cuestión. La Asamblea ha señalado que este recorte de tiempo no solo afecta la calidad de las defensas, sino que también puede tener un efecto negativo en la percepción de la justicia en el país. La falta de tiempo adecuado para preparar una defensa técnica puede llevar a decisiones judiciales que no reflejen la complejidad de los casos.
El futuro de la Ley Orgánica de Integridad Pública y otras normas relacionadas dependerá en gran medida de cómo se resuelva esta controversia. La Corte Constitucional deberá decidir si acepta o no las solicitudes de diferimiento presentadas por el Ejecutivo y la Asamblea. Esta decisión no solo afectará el destino de las leyes en cuestión, sino que también tendrá implicaciones más amplias para la relación entre los diferentes poderes del Estado en Ecuador.
En este contexto, es crucial que los actores políticos y judiciales encuentren un equilibrio que garantice la independencia del poder judicial y, al mismo tiempo, permita al Legislativo defender adecuadamente sus leyes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador, y cualquier intento de socavar estos principios podría tener consecuencias duraderas para el país.
