La situación en el sector eléctrico de Ecuador se ha vuelto crítica, especialmente en lo que respecta a los contratos firmados entre Celec y Progen. La Contraloría General del Estado ha notificado los resultados provisionales de un examen a estos contratos, que han sido objeto de controversia desde su firma. Este análisis se centra en la generación de electricidad en Salitral y Quevedo, donde se han detectado irregularidades que podrían tener repercusiones significativas para ambas partes involucradas.
### Resultados de la Auditoría y Proceso de Fiscalización
La Contraloría ha llevado a cabo un examen exhaustivo de los contratos firmados por Celec y Progen, que ascienden a un total de USD 149,1 millones. Estos contratos, firmados en agosto de 2024, tenían como objetivo la instalación de 150 megavatios de capacidad eléctrica en dos localidades críticas. Sin embargo, a pesar de las expectativas, las centrales eléctricas no han comenzado a operar como se había previsto, lo que ha generado preocupación en el contexto de una crisis eléctrica que afecta al país.
El 18 de junio de 2025, la Contraloría emitió un comunicado informando que los resultados provisionales de la auditoría ya habían sido notificados a las partes. A partir de este momento, Celec y Progen tienen la oportunidad de presentar sus descargos y argumentos en respuesta a los hallazgos. Este proceso es crucial, ya que una vez que se reciban los descargos, la Contraloría procederá a la lectura del borrador de los resultados y, posteriormente, a la elaboración del informe final.
La fiscalización de estos contratos ha sido objeto de disputa entre diferentes bloques políticos, incluyendo el correísmo y el bloque ADN, quienes buscan ejercer control sobre la situación. La complejidad del caso se ve aumentada por la necesidad de garantizar que la generación eléctrica en el país no se vea comprometida, especialmente ante la inminente llegada de apagones en 2025.
### Arbitraje y Futuro de los Contratos
La situación se ha complicado aún más con la decisión de CELEC de intentar terminar los contratos de manera unilateral. Esta acción ha llevado a Progen a solicitar un arbitraje de emergencia, lo que indica que las tensiones entre ambas partes han escalado. En este contexto, es importante destacar que Progen ya ha realizado inversiones significativas, incluyendo la importación de motores para el sistema de generación en Salitral. Sin embargo, aún quedan obras fundamentales por completar, como la instalación de un transformador que debe ser enviado desde China.
En el caso de Quevedo, la situación es igualmente preocupante, ya que solo se han recibido 17 de los 20 generadores que se habían comprometido a instalar. La ministra de Energía, Inés Manzano, ha declarado que Celec tiene la capacidad para concluir las obras que Progen ha dejado pendientes, enfatizando la necesidad de esta energía para evitar apagones en el futuro cercano.
La incertidumbre que rodea a estos contratos y el proceso de arbitraje plantea serias preguntas sobre la viabilidad de la generación eléctrica en Ecuador. La falta de claridad y la posibilidad de que se produzcan más retrasos en la ejecución de los proyectos podrían agravar la crisis eléctrica que ya enfrenta el país. Además, la situación política en torno a la fiscalización de estos contratos añade una capa adicional de complejidad, ya que diferentes actores buscan capitalizar la situación para sus propios fines.
En resumen, la auditoría de la Contraloría sobre los contratos entre Celec y Progen es un desarrollo significativo en el sector eléctrico de Ecuador. La resolución de este conflicto no solo afectará a las partes involucradas, sino que también tendrá un impacto directo en la capacidad del país para generar electricidad de manera eficiente y sostenible. A medida que avanza el proceso de fiscalización y arbitraje, la atención se centrará en cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué medidas se tomarán para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano.
