El 26 de agosto de 2025, el excandidato presidencial Yaku Pérez se presentó en la Fiscalía General del Estado en Quito para presentar una denuncia formal contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM), responsable del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay. Este proyecto ha suscitado un intenso debate y rechazo por parte de diversas organizaciones sociales y comunidades locales.
La denuncia de Pérez se centra en la supuesta irregularidad en la entrega de la licencia ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga, la cual fue otorgada por el Ministerio del Ambiente en junio de 2025. Según Pérez, antes de la concesión de esta licencia, la empresa minera habría realizado una donación a la primera dama, Lavinia Valbonesi. Además, el excandidato alega que hubo reuniones entre el presidente Noboa y representantes de la empresa en Toronto, Canadá, lo que podría implicar un conflicto de intereses.
El proyecto Loma Larga ha sido objeto de controversia desde su concepción, generando un fuerte rechazo entre organizaciones campesinas, comunidades indígenas y gremios profesionales en Cuenca. La oposición se basa en preocupaciones sobre el impacto ambiental que la minería podría tener en la región, que es conocida por su biodiversidad y recursos hídricos. La situación se complica aún más por las tensiones entre el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien se opone al proyecto, y el Gobierno nacional, que defiende la inversión extranjera en el sector minero.
### La Reacción de la Comunidad y las Organizaciones Sociales
La llegada de Yaku Pérez a la Fiscalía no solo representa un acto político, sino también un eco de las voces de miles de ciudadanos que han expresado su descontento con el proyecto Loma Larga. Grupos ambientalistas y organizaciones sociales han llevado a cabo protestas y campañas de sensibilización para informar a la población sobre los riesgos asociados a la minería en la región. Estas organizaciones argumentan que la minería no solo amenaza el medio ambiente, sino que también pone en peligro las fuentes de agua que son vitales para la agricultura y la vida cotidiana de los habitantes de Cuenca.
Las preocupaciones sobre el proyecto Loma Larga se centran en varios aspectos. En primer lugar, se teme que la actividad minera contamine los ríos y cuerpos de agua cercanos, lo que afectaría la salud de las comunidades y la agricultura local. En segundo lugar, hay un temor generalizado de que la minería genere un desplazamiento de comunidades y altere la estructura social de la región. Por último, muchos ciudadanos cuestionan la transparencia del proceso de concesión de la licencia ambiental, lo que ha llevado a un llamado a una mayor rendición de cuentas por parte del Gobierno y las empresas involucradas.
### Implicaciones Políticas y Económicas
La denuncia de Yaku Pérez tiene implicaciones significativas no solo para el presidente Daniel Noboa y su administración, sino también para el futuro del sector minero en Ecuador. La minería ha sido vista como un motor de desarrollo económico, especialmente en un país que busca diversificar su economía y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, la creciente oposición social y las denuncias de corrupción podrían poner en riesgo estos objetivos.
El caso de Loma Larga podría convertirse en un punto de inflexión en la política ambiental de Ecuador. Si se demuestra que hubo irregularidades en la concesión de la licencia ambiental, esto podría llevar a un mayor escrutinio de otros proyectos mineros en el país. Además, podría incentivar a otros líderes políticos y sociales a presentar denuncias similares, lo que podría generar un efecto dominó en la percepción pública sobre la minería y la inversión extranjera.
En resumen, la denuncia presentada por Yaku Pérez es un reflejo de las tensiones existentes entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en Ecuador. A medida que la situación se desarrolla, será crucial observar cómo responden tanto el Gobierno como la comunidad a estas preocupaciones, y qué medidas se tomarán para garantizar que los intereses de las comunidades locales sean respetados en el proceso de toma de decisiones.
