En un hecho sin precedentes en Ecuador, una ciudadana ha sido multada por fotografiar su voto durante la segunda vuelta presidencial de abril de 2025. Este caso, que ha generado un amplio debate sobre la legalidad y la ética en el proceso electoral, podría sentar un precedente en la legislación ecuatoriana sobre el uso de dispositivos móviles en los recintos de votación.
La ciudadana, identificada como Nancy Mariuxy Zambrano, fue sancionada con una multa de 5.170 dólares, equivalente a 11 salarios básicos unificados, por infringir la prohibición de usar teléfonos celulares durante el sufragio. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, quien determinó que Zambrano había violado el reglamento electoral que prohíbe la toma de fotografías de las papeletas de votación.
Este incidente ocurrió en un recinto electoral de Manabí, donde Zambrano, al parecer, tomó una fotografía de su voto, lo que llevó a la denuncia y posterior sanción. Sin embargo, la sentencia aún no es definitiva, ya que la ciudadana ha presentado un recurso de apelación, lo que significa que el Pleno del TCE deberá revisar el caso y decidir si confirma, modifica o anula la resolución inicial.
### La Prohibición de Fotografiar el Voto
La normativa que prohíbe la fotografía de las papeletas de votación en Ecuador se implementó para garantizar la privacidad y la integridad del proceso electoral. Esta medida busca evitar la coacción y el voto condicionado, donde un votante podría ser presionado a mostrar su voto a cambio de algún beneficio o bajo amenaza.
Desde la implementación de esta norma, se han registrado 71 notificaciones a ciudadanos por fotografiar su voto, pero solo cinco casos han llegado a la fase de denuncia formal. De estos, uno fue declarado inocente, lo que resalta la complejidad y la controversia que rodea este tipo de infracciones. La denuncia que resultó en la multa a Zambrano es la primera en su tipo que podría resultar en una sanción efectiva, lo que ha llevado a un intenso debate sobre la aplicación de la ley y los derechos de los votantes.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, ha defendido la prohibición, argumentando que es esencial para mantener la transparencia y la confianza en el sistema electoral. Sin embargo, críticos de la medida han señalado que la sanción impuesta a Zambrano podría ser vista como un ataque a la libertad de expresión y un exceso en la regulación del comportamiento de los votantes.
### Implicaciones Legales y Sociales
El caso de Nancy Mariuxy Zambrano no solo plantea preguntas sobre la legalidad de la multa, sino que también abre un debate más amplio sobre la regulación del uso de tecnología en el proceso electoral. A medida que la tecnología avanza y se convierte en una parte integral de la vida cotidiana, es crucial que las leyes se adapten para reflejar estos cambios sin comprometer la integridad del proceso democrático.
La apelación de Zambrano podría establecer un precedente importante en la jurisprudencia ecuatoriana. Si el TCE decide anular la multa, podría interpretarse como un respaldo a los derechos de los votantes a documentar su experiencia electoral. Por otro lado, si se ratifica la sanción, podría reforzar la postura del CNE y el TCE sobre la estricta aplicación de las normas electorales.
Además, este caso ha generado un debate en las redes sociales, donde muchos ciudadanos han expresado su apoyo a Zambrano, argumentando que la fotografía de su voto no debería ser motivo de sanción. Otros, sin embargo, han defendido la decisión del TCE, enfatizando la importancia de mantener la privacidad en el proceso electoral.
En un contexto donde la desconfianza en las instituciones es un tema recurrente, la forma en que se maneje este caso podría influir en la percepción pública sobre la justicia y la equidad en el sistema electoral ecuatoriano. La decisión del TCE no solo afectará a Zambrano, sino que también podría tener repercusiones en futuras elecciones y en la forma en que los ciudadanos interactúan con el proceso electoral.
A medida que se espera la resolución del Pleno del TCE, la atención se centra en cómo este caso podría cambiar la dinámica de las elecciones en Ecuador y la relación entre los votantes y las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad del sufragio.
