El Consejo de la Judicatura (CJ) ha tomado una decisión contundente al destituir a dos jueces en Ecuador, específicamente en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta acción se llevó a cabo el 16 de octubre de 2025, tras la identificación de faltas gravísimas que comprometieron la integridad del sistema judicial. La medida es parte de una política más amplia de cero tolerancia hacia la corrupción y la negligencia en el ámbito judicial.
Uno de los jueces destituidos es J.J.R.R., quien se desempeñaba en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, Manabí. La Judicatura encontró que este magistrado incurrió en actos de dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia. En un caso particular, se reveló que liberó a detenidos sin tener la competencia necesaria, utilizando una acción constitucional que no había sido sorteada adecuadamente. Este tipo de irregularidades no solo socavan la confianza en el sistema judicial, sino que también pueden tener repercusiones graves para los derechos de los ciudadanos involucrados.
Por otro lado, en Santo Domingo de los Tsáchilas, el juez E.G.C.U. también fue destituido. Este magistrado emitió órdenes de excarcelación para personas que estaban recluidas en Loja, a pesar de que su jurisdicción no abarcaba dicha localidad. Este caso es particularmente preocupante, ya que E.G.C.U. ya había acumulado tres destituciones previas por irregularidades en su actuación. La reiteración de tales comportamientos plantea serias dudas sobre la capacidad de este juez para desempeñar sus funciones de manera justa y equitativa.
La destitución de estos jueces es un reflejo del compromiso del Consejo de la Judicatura de mantener la integridad del sistema judicial en Ecuador. Mario Godoy, presidente de la Judicatura, ha enfatizado que durante la administración anterior se destituyó a 136 operadores judiciales por diversas irregularidades. Esta política de cero tolerancia a la corrupción se ha reafirmado en el nuevo periodo que comenzó el 24 de septiembre de 2025.
En una reciente entrevista, Godoy también mencionó que ha solicitado a la Contraloría la revisión de su patrimonio y el de los directores nacionales y provinciales, como parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Judicatura. Este tipo de medidas son esenciales para restaurar la confianza pública en las instituciones judiciales, que a menudo son vistas con escepticismo debido a casos de corrupción y mala conducta.
La situación en el sistema judicial ecuatoriano ha sido objeto de críticas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la designación de fiscales y jueces. Recientemente, el correísmo ha denunciado a la Judicatura por la designación «irregular y arbitraria» del fiscal Carlos Alarcón, lo que ha generado un debate sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Estas tensiones políticas añaden una capa adicional de complejidad a la ya frágil situación del sistema judicial en el país.
La destitución de jueces como J.J.R.R. y E.G.C.U. es un paso significativo hacia la restauración de la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, es crucial que el Consejo de la Judicatura continúe implementando medidas efectivas para prevenir la corrupción y garantizar que todos los operadores judiciales actúen con la debida diligencia y ética. La sociedad ecuatoriana espera que estas acciones no sean solo medidas aisladas, sino parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de la justicia en el país.
En resumen, la reciente destitución de jueces en Ecuador resalta la importancia de la rendición de cuentas en el sistema judicial. La política de cero tolerancia a la corrupción, promovida por el Consejo de la Judicatura, es un paso necesario para asegurar que la justicia se administre de manera justa y equitativa. La sociedad civil y los organismos de control deben seguir de cerca estas acciones para garantizar que se mantenga la integridad del sistema judicial y se protejan los derechos de todos los ciudadanos.
